En el marco de la polémica desatada por Laura Alonso, que en recientes declaraciones sostuvo que “para investigar al presidente están la Justicia y el Congreso”, el diputado nacional Juan Cabandié presentó un proyecto de ley que busca que la Oficina Anticorrupción (OA) pase a la órbita de la Defensoría del Pueblo y su titular sea designado por el Congreso.

“En la actualidad, el objetivo fundacional de la OA está distorsionado, porque su titular, Laura Alonso, pretende convertir los hechos de corrupción de Cambiemos en supuestos conflictos de intereses”, advirtió Cabandié, del Frente para la Victoria-PJ.

En su proyecto, el legislador propone que el responsable de la OA no sea puesto o destituido por el presidente de turno, sino que sea designado por la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, con un mandato de cinco años de duración.

Para el cese en el cargo, si se trata de renuncia, incapacidad sobreviniente o condena firme por delito doloso, bastaría con una resolución del presidente de la bicameral para dar por terminado el mandato; y si hay negligencia, se requiere el voto de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.

“Con esta nueva reglamentación buscamos que este organismo pueda funcionar de forma eficiente e independiente”, explicó Cabandié.

En una entrevista concedida al diario La Nación, Alonso aclaró que en el segundo semestre el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto donde, entre otras cosas, “se dotará a la OA de autonomía funcional y de un mecanismo de selección y remoción para su titular con intervención del Parlamento”.