Tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto N° 683/2018 para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad y abogado especialista en Derechos Humanos, Jonatan Baldiviezo, aseguró que se trata de una medida “inconstitucional e ilegal” y que viola la “Ley de Seguridad Interior”.

Es así que el abogado afirmó que “el propósito del Poder Ejecutivo es, a no dudar, incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de ‘proteger objetivos estratégicos’, ‘construir un enemigo interno’, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el Gobierno de Cambiemos lleva adelante”.

“El Decreto N° 683/2018 viola la legislación vigente y los estándares internacionales de Derechos Humanos en relación a la separación entre seguridad interior y defensa nacional, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia desde el año 1983 y el debido respeto a los derechos humanos”, manifestó.

Además, Baldiviezo remarcó cinco ejes en los que se basa la medida presidencial: “redefine lo que debe entenderse por agresión de origen externo eliminando la necesidad de que sean perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”, “agrega que el empleo de las Fuerzas Armadas podrá ser tanto de forma ‘disuasiva’ como efectiva contra agresiones de origen externo que no necesariamente deben ser perpetradas por fuerzas armadas”, “elimina la prohibición de las Fuerzas Armadas de contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación, en el adiestramiento y en actividades de inteligencia, supuestos o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”, “dispone que las Fuerzas Armadas ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos referidos en el art. 31 de la Ley de Defensa Nacional; antes sólo se autorizaba a cumplir con esta función a la Prefectura Naval Argentina y a la Gendarmería Nacional” y que “deroga el Decreto N° 1.691/2006”.

En ese sentido, el abogado explicó que se trata de una iniciativa inconstitucional ya que “un decreto presidencial haciendo uso de la potestad reglamentaria no puedo violar leyes aprobadas por el Congreso” y que “autoriza a las Fuerzas Armadas la custodia de objetivos estratégicos en el territorio nacional con independencia de conflicto armado; este decreto viola la Ley de Defensa Nacional porque esta función está reservada sólo a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional”.

Asimismo, destacó que “cuando un sector del país está sometido a la custodia y protección militar constituye una zona militar” por lo que “la declaración de zona militar la realiza el Poder Ejecutivo con aprobación previa del Congreso de la Nación; es una violación a la Ley de Defensa Nacional destinar a las fuerzas armadas a custodiar zonas del país (aunque sean objetivos estratégicos) sin la declaración previa de ‘zona militar’”.

Sobre esa misma línea, argumentó que “la eliminación en el Decreto N° 727/2006 de toda referencia a la agresión de origen externo como el uso de la fuerza armada por otro Estado no puede soslayar que la Defensa Nacional tiene como finalidad organizar las fuerzas armadas para hipótesis de guerra o conflicto armado internacional, es decir, para el enfrentamiento en caso del uso de la fuerza armada por otro Estado”.

“La eliminación de este decreto de la prohibición de las Fuerzas Armadas de contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación, en el adiestramiento y en actividades de inteligencia, supuestos o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior; no debe afectar la prohibición a las fuerzas armadas de inmiscuirse en cuestiones de seguridad interior”, sentenció.