Se sabía que traería resistencias la decisión del Gobierno de avanzar sobre las asignaciones familiares, particularmente en aquellas regiones afectadas. Y que el tema le traería problemas incluso con sus propios legisladores, que se desayunaron sobre el tema el viernes pasado, al anunciarse la medida.

La prueba de ello se registró este martes, cuando un grupo de diputados del radicalismo y el Pro presentó el primer proyecto que se recuerde contra una medida dispuesta por su propio gobierno durante esta gestión. Se trata de un proyecto de declaración que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional “la restitución de los diferenciales por zona en las asignaciones familiares en los distintos subsistemas contemplados en la Ley 24.714, dejando sin efecto la supresión efectuada por el Decreto 702/18 en sus anexos I, II, IV y VI”.

Firman la iniciativa los diputados Antonio Carambia (Pro-Santa Cruz),

Gustavo Menna (UCR-Chubut), Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa), Miguel Nanni (UCR-Salta), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Lorena Matzen (UCR-Río Negro) y Nadia Lorena Ricci (UCR-Santa Cruz), quienes destacan que el decreto en cuestión se fundamenta en la supuesta necesidad de “adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones”.

Sin embargo, advierten que el artículo de la Ley 24.714 al facultar al Poder Ejecutivo a establecer la cuantía de las asignaciones familiares, sus topes y rangos remuneratorios, también dispone que se contemplen “coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas”. De ello se deriva, a juicio de los legisladores de Cambiemos, que “la existencia de zonas diferenciadas constituye un imperativo legalmente impuesto y no disponible por vía reglamentaria”.

Asimismo se basan en la doctrina sentada por la propia Corte Suprema que indica que “las normas deben establecer soluciones diferenciadas allí donde existan situaciones desiguales, ya que es patente que reconocer las mismas asignaciones a los habitantes de la periferia del país que a quienes viven en las zonas más desarrolladas se traduce en otorgar una remuneración real más baja a los primeros”.

Advierten por último sobre el impacto que la medida tiene en los beneficiarios de las asignaciones, que “verán mermadas las mismas en el orden del 50%, y en algunas zonas incluyo en mayor porcentaje”.