La candidata propuesta para la Procuración General de la Nación responde las preguntas de los senadores que resolverán si es idónea para el cargo.
En el marco del interrogatorio al que fue sometida por los senadores, Inés Weinberg de Roca se manifestó de acuerdo con la extracción compulsiva de ADN, pero aclaró que más allá de su opinión personal “eso está resuelto legislativamente”, ya que el artículo 169 del Código Procesal Acusatorio habilita al juez a ordenar la extracción”.
Tras manifestarse de acuerdo con la imprescriptibilidad de los casos de lesa humanidad basándose en dichos suyos estando en Tanzania en el año 2007, Weinberg de Roca fue consultada sobre su vínculo con el presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada. Al respecto, aclaró que su relación con Macri es “meramente laboral”, y lo conoció en 2009, a su regreso de Ruanda, cuando asumió al frente de la Cámara Contencioso Administrativo Tributario.
“No conozco a su esposa, no la he tratado, la he saludado no más”, puntualizó.
Consultada su postura respecto del tema del aborto, aclaró que debía ser “cuidadosa”, pues se trata de un tema que está siendo debatido en el Senado y que ella debe aplicar la ley “cualquiera sea el resultado” que tenga en el Congreso. “No sería prudente emitir mi opinión”, interpretó, para agregar luego que “sigo el debate con mucho interés, es importantísimo que se haya escuchado a la sociedad en general, pero voy a aplicar la ley que sancionen”.
Con relación al proyecto de extinción de dominio, tema también debatido en el Senado, consideró que el proyecto de Diputados “tiene muchas deficiencias; entiendo que es más fácil para el Senado discutir orgánicamente una materia compleja. Son 72 senadores, es más fácil elaborar consensos. Creo que me gusta del proyecto del Senado que tiene en cuenta las jurisdicciones locales”.
Otra de las preguntas giró en torno a la utilización por parte de la policía de armas Taser, por cuanto en su momento ella falló a favor de ese tipo de armas. “No me saquen de contexto”, pidió, manifestándose “firmemente republicana” y creyente de la división de poderes. En ese sentido destacó que “no le corresponde al Poder Judicial inmiscuirse en las esferas de otros poderes” respecto de qué armas debe utilizar la fuerza. “Yo no le diría al Poder Ejecutivo qué autos ni qué armas usar. Acá la política es más legislativa que judicial”, puntualizó, destacando que el Poder Judicial lo que debe hacer es resolver ante cada caso concreto.
Tras recordar que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires nunca las compró, Weiberg sostuvo que “no tiene que ser la justicia la que le diga al Ejecutivo lo que tiene que hacer”. Finalmente, ante el interrogante de si esas armas son mejores, expresó que “la verdad que no soy idónea para decirlo”, pero se remitió a un informe que hizo al respecto el relator especial sobre Tortura, que dijo que recomendaba dotar de diversas armas incapacitantes menos letales, para minimizar daños y perjuicios. “No está tan claro cual arma es mejor”, aclaró, y concluyó sugiriendo “que no sean los jueces los que tengan la palabra final”.
Consultada sobre si en la extinción de dominio debe estar en cabeza el procurador de la Nación o el del Tesoro, señaló que “me cuesta entender porqué debería estar en cabeza el procurador del Tesoro. Me faltan datos. En principio me parece que el que ejerce la persecución penal también tiene que avanzar… es como un combo. Debe haber argumentos por los cuales varios senadores propusieron que fuera el procurador del Tesoro y no el general de la Nación, y como no conozco los argumentos, no me animo a dar una opinión porque pueden ser muy convincentes”.
Ante una pregunta puntual de la senadora María de los Angeles Sacnun sobre irregularidades en el accionar policial, Weinberg advirtió que la legisladora santafesina estaba “presumiendo que hay irregularidades policiales, y yo parto de la base que hay una policía a la que hay que darle instrucciones y hay que evitar la irregularidad. Hay un manual de procedimientos que prevé cómo se actúa en estos casos”.
Ante la consulta puntual sobre Ganancias, recordó que cuando en el año 2000 fue elegida para integrar la justicia de la Ciudad, una de las condiciones era pagar el impuesto a las Ganancias. “Así que todos los que integramos la justicia de la Ciudad estuvimos siempre dispuestos a pagar Ganancias”, aclaró.
Por otra parte, la titular del TSJ porteño fue consultada por Miguel Pichetto por la continuidad de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), creadas por Alejandra Gils Carbó durante el kirchnerismo. Weinberg de Roca respondió que “me parece importante seguir con esta labor pero creo que no puede realizarse sin la coordinación con las provincias”. En esta línea, consideró que no debe ser el Ministerio Público Fiscal Nacional el que tenga que “decidir dónde y cómo ubicar estas agencias”.