“Esto no tiene que ver con una dictadura”, remarcó el jefe de Gabinete, que recordó que la legislación que las fundamenta fue sancionada durante gestiones peronistas.
El diputado kirchnerista Hugo Yasky planteó la “gravísima situación que se está viviendo en el sistema educativo argentino”, y aseguró que “estamos perdiendo presupuesto educativo”. En ese marco sostuvo que “el Gobierno nacional decidió entregar el manejo de la economía al FMI, con las consecuencias del agravamiento del ajuste”.
Tras denunciar un recorte de 1.056 millones de millones de pesos, sostuvo que “liquidan la educación y se van a llevar puesta a la universidad pública”.
Tras aclarar Marcos Peña que “el FMI no maneja la economía, es una chicana infundada”, sostuvo que “no hay prevista la eliminación del FONIN”. Comentó luego que “el debate presupuestario se dará en esta casa y si hay alguna medida tomada la comunicaremos”.
“Estamos buscando la mayor cantidad de transferencias y recursos a las provincias que se ha dado en los últimos tiempos, revirtiendo el centralismo del Gobierno anterior, logrando que este año, si no me equivoco, son más de 120 mil millones de pesos de fondos, sin contraprestaciones -agregó-. Con lo cual seguiremos fortaleciendo los fondos provinciales y seguiremos fortaleciendo el camino que con el tiempo las provincias se hagan cargo plenamente de sus facultades, entre ellas la de la educación”.
Con relación a las universidades, el jefe de Gabinete sostuvo que “el presupuesto de este año duplica el aprobado en 2015; en dos años el presupuesto universitario pasó de 53 mil millones de pesos a 103 mil millones de pesos. Es el equivalente al 96% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional”.
En cuanto a las multas aplicadas al sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, o al de camioneros, aclaró que “esto no tiene que ver con una dictadura, ni con esas chicanas livianitas, sino con la Ley 21.212 hecha por un Gobierno peronista y ratificada por el Congreso de la Nación, que dice que la violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos, y esas infracciones muy graves serán sancionadas con multas del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción por cada trabajador afectado”. Y precisó que “el que define si esto está bien o no es la justicia, que es otro poder independiente en una situación republicana”.
