Por Maria José Lubertino. La autora recuerda décadas de lucha detrás del objetivo de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Estamos hoy en el tramo final de un debate que lleva tantos años como la democracia. Me recuerdo como una jovencita recién recibida de abogada en la UCA en aquel primer 8 de marzo de 1984 en la Plaza de los Dos Congresos donde por primera vez vi el cartel “no más muerte por aborto”… Lenta pero sostenidamente mi integración al movimiento de mujeres y al feminismo cambiaría mi vida y la de muchas otras. Y entre todas, desde los Encuentros Nacionales de Mujeres y reforzadas por el masivo Encuentro Latinoamericano y del Caribe en 1990 en San Bernardo, iríamos feminizando al movimiento y avanzando en cambios sustantivos a nivel legislativo y de políticas publicas.
El derecho al aborto estuvo presente desde siempre comuna reivindicación del movimiento, pero siempre postergado su debate por las resistencias del ámbito político. A las políticas que defendíamos este derecho nos sacaban de las listas electorales y pretendían que en campaña electoral no se hablara de este tema.
Fuimos generando sororidad interpartidaria en la Red de Feministas Políticas desde aquel entonces, amistades que hoy perduran aún antes los más diversos escenarios políticos.
En 1994 enfrentamos en la Constituyente Nacional un punto de inflexión. Fue para ese entonces que nos articulamos ampliamente en el MADEL (Mujeres Autoconvocadas para decidir en Libertad) el movimiento social de mujeres, las académicas, algunas periodistas y las feministas políticas para frenar el ataque de los sectores fundamentalistas. Bajo la bandera de Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir -consigna de la histórica Comisión por el Derecho al aborto- repartíamos preservativos en las calles y en la puerta del recinto exigiendo un Estado laico y democrático. Así fue que derrotamos a quienes pretendían un texto constitucional que ocluyera el debate –lo sorprendente es que hoy reaparezcan algunos de esos medievales exponentes en el debate con los mismos argumentos perdidosos de hace 24 años atrás-.
La historia de 32 años de Encuentros Nacionales de Mujeres recorriendo varias veces el país de punta a punta y ya 13 años de sólida articulación federal de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito son una historia un poco más conocida. Como producto de ello una construcción participativa y asamblearia del proyecto de ley que fue varias veces presentado y mejorado con un alto grado de consenso transversal. El resultado de estelar camino recorrido es sin dudas las despenalización social dela interrupción voluntaria del embarazo y el acuerdo nacional -al menos por todos/as declamando- de la necesidad de velar por políticas publicas que garanticen la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos.
De lo que se trata ahora es de garantizar que todas las personas gestantes puedan tomar decisiones libres. Queremos maternidades deseadas. Queremos acabar con la corrupción de los abortos clandestinos.
No hay dos bandos. No hay dos fundamentalismos. Nosotras garantizamos las decisiones personalísismas de las mujeres, sean cuales fueren y las apoyamos para que las lleven adelante de la mejor manera y con un Estado que las acompañe en su proyecto de vida.
Los fundamentalistas, en cambio, quieren imponer su voluntad aun en los casos en que las mujeres no quieren seguir adelante.
Todas nuestras iniciativas desde el movimiento feminista en estos 35 años han sido para evitar y disminuir los abortos y las muertes de mujeres. Y hemos ido viendo algunos frutos.
El desarrollo de los anticonceptivos modernos también ha contribuido pero es un dato verificable que sólo en los países donde el aborto es legal hay un contundente descenso de la mortalidad y también de los abortos una vez estabilizadas las estadísticas.
La gestación no es un mandato biológico. Las mujeres no somos instrumentos.
Escuchamos argumentos que parecen de cuentos de ciencia ficción. Personificar un embrión es un truco, una ficción, una trampa de patriarcado que sólo tiene por objeto mantenernos rehenes de un sistema en extinción.
Este no es un debate abstracto ni un mero ejercicio teórico. Quienes más necesitan un Estado presente son las mujeres más vulnerabilizadas. Eso es Justicia Social: garantizar a todas igual libertad para decidir.
En lo personal serán para mi huellas indelebles haber actuado desde el INADI en contra la discriminación de las mujeres en los casos L.M.R., la chica de Guernica con discapacidad violada y en el L.N.P., la niña toba violada en Chaco, donde se violaron todos los derechos sexuales y reproductivos y el Estado terminó siendo responsable internacionalmente en virtud de los tratados suscriptos por nuestro país y debiendo indemnizar a las víctimas. Aunque obviamente hay daños causados que nunca podrán ser reparados.
No queremos que se repitan casos como estos. No queremos más muertes ni dolor ni estigmatización ni injusticias.
Confiamos en que el Senado de la Nación aprobará la ley habiendo recogido lascas diversas opiniones y logrado este importante consenso transversal. Queremos dejar atrás la clandestinidad, igualdad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la salud pública y producción nacional de misoprostol para abaratar los costos.
Pedimos a los/as senadores/as ponerse en el lugar de las otras. Que sea Ley.
Mujeres: el 8 de agosto seamos millones en las calles haciendo historia!.
* Profesora de Derechos Humanos y de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Diputada Nacional (mc). Fue Presidenta del Instituto Nacional contra la discriminación 2006-2009.
