Por Jorge Apreda. El legisador porteño de Vamos Juntos reflexionó acerca de la Ley Justina, mediante la cual todos los mayores de 18 años se convierten en dadores de órganos, tejidos y células de origen humano, salvó que en vida hayan expresado su negativa.
El proyecto de adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley Nacional 27.447 (presentado por la diputada Mercedes de las Casas), que regula las actividades relacionadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, permitirá disminuir los tiempos de espera y de esa manera asegurar una perspectiva mucho más viable para aquellos pacientes que necesitan un trasplante.
Con la sanción de la “Ley Justina”, todos los mayores de dieciocho años pasan automáticamente a ser donantes a excepción de aquellos que expresen lo contrario. Esta medida garantiza una disminución en las muertes ya que muchos de los que están en lista (más de 10.500), no consiguen el trasplante esperado.
Todos los vecinos podrán expresar su voluntad de no ser donantes en: Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) – Registro Nacional de las Personas (RENAPER) – Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas – Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales – Correo oficial de la República Argentina Sociedad Anónima
Imitar a los países líderes en esta materia es uno de los objetivos para cambiar el modelo actual que, más allá de las continuas campañas de concientización y de la concepción del donante presunto, no son suficientes. A su vez, es elemental que los medios de comunicación aborden de manera responsable las noticias asociadas a donación y trasplante.
Uno de los puntos fundamentales de la norma hace referencia a los menores de 18 años, ya que para la obtención de órganos debe haber expresa autorización de ambos progenitores, por aquel que se encuentre presente o por el representante legal. En caso de muerte violenta se requiere la aprobación del juez que entiende en dicha causa.
El respeto por la dignidad humana y el espíritu solidario y de justicia distributiva identifican el trasfondo político y estratégico de la Ley que asegura la cobertura integral del tratamiento y el posterior seguimiento.
Tanto donantes como receptores tienen derecho a mantener su privacidad, intimidad y confidencialidad. Al tratarse de un tema sensible para un gran número de personas, es sustancial que los profesionales brinden una correcta información sanitaria, precisa, completa y adecuada sobreel procedimiento, indicando los beneficios esperados así como los riesgos.
Para ello es indispensable que se continúe con la capacitación permanente del personal médico, función que deberá cumplir el INCUCAI. Por su parte, el Ministerio de Salud deberá asegurar la provisión de medicamentos y de los procedimientos terapéuticos.
Cabe recordar que Justina Lo Cane, la pequeña de 12 años que comenzó la campaña que terminó con la sanción de la Ley, falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un trasplante de corazón.
