Los cuadernos de Centeno instalaron de nuevo en el centro de la escena a la corrupción. Paralelamente se observa un gran esfuerzo de parte del gobierno y los medios masivos de comunicación que le son afines, para demostrar que aquellos son solo una gran radiografía de la corrupción durante el kirchnerismo y allí termina la cosa. Pero para graficar en serio y en profundidad el problema hay que agregar que, en realidad, dichos cuadernos son tan solo una de las tantas demostraciones de como, desde la llegada de Carlos Menem al gobierno en 1989, la corrupción fue ganando terreno dentro del sistema político argentino.

Previo a esto que hoy sale a la luz, tuvimos infinidad de hechos impactantes que fueron graficando este devenir delictivo. El caso de IBM-Banco Nación, el “Yomagate”, el de Siemens y los DNI, las cloacas de Rousselot, la venta de armas a Croacia y a Ecuador, la explosión de la fábrica de pólvora de Río Tercero para ocultar aquellas, la Banelco para comprar senadores, los negociados con los bancos extranjeros por el Megacanje, las facturas truchas de Skanska, Lázaro Báez, Ciccone, los bolsos de López, el Correo Argentino de la familia Macri, las offshore de los hoy gobernantes, los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la “Patria Contratista” siempre vigente, son solo la punta del iceberg de la extensión del problema.

Es gracioso por todo ello ver hoy, para quedar en libertad y zafar con penas menores, a empresarios y exfuncionarios declarar “arrepentidos” que solo fueron aportes de campaña, por montos muchos menores que los que el chofer de Baratta escribió en su momento. Se ve que todos han recibido similar asesoramiento legal.

En realidad se sabe hace mucho y hoy sale a la superficie, que una gran parte de la dirigencia política que gobernó estos 30 años con Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner y ahora con Macri, estableció un acuerdo continuado de corrupción con grandes empresas y bancos, extranjeros y nacionales. Por el cual a cambio de suculentos negocios con sobreprecios y licitaciones armadas (como declaró Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción), dichos empresarios les garantizaban coimas a los gobernantes y sus funcionarios; las que les significaban lujosos niveles de vida, manifiestamente por encima de los previos a su llegada a la administración pública.

Que el kirchnerismo, a juzgar por lo que ya se sabía y por lo que surge de los cuadernos, haya organizado mejor el cobro de dichas coimas a las empresas contratistas del Estado, no significa por cierto que el menemismo y la Alianza no hayan recurrido al mismo sistema en su momento. De la Rúa, con Nicolás Gallo en Obras Públicas, además, ya lo practicaba en la CABA antes de llegar a la Rosada.

Mauricio Macri hizo otro tanto en dicha ciudad desde el 2007 al 2015, con negocios para su primo Calcaterra, su amigo del alma Nicolás Caputo y muchos otros. Manteniendo más tarde el sistema, con nuevas particularidades, desde que llegó a la presidencia. Por ejemplo, ubicando en lugares absolutamente destacados a CEOs como Aranguren, Caputo y compañía, con ostensibles conflictos de intereses entre sus negocios personales y el área del Estado que manejaban o manejan. Sin privarse por cierto, de permitirles la continuidad y/o la ampliación de sus negocios a familiares y amigos que ya los hacían con él en la CABA.

También garantizaron en estas décadas, dichas empresas locales y extranjeras que señalamos más arriba, aportes en negro a las campañas políticas -prohibidos por ley- a los efectos de que quienes los recibían tuvieran una enorme ventaja respecto del resto de los competidores en las elecciones. De allí que los gobiernos que se sucedieron desde 1989 se negaron a modificar seriamente el sistema de financiamiento de los partidos y las campañas. Se mantuvieron así escuálidos aportes públicos para todos, combinados con enormes sumas bajo la mesa solo para algunos. Provenientes estas no solo de aportes empresarios, sino también de dinero que se obtenía bajo cuerda de la administración nacional o de las provinciales que manejaban.

Para muestra basta un botón: los recursos que utilizaron en la campaña del 2015 Scioli y Macri excedieron largamente los 1.200 millones de pesos cada uno, cuando la campaña de Stolbizer por ejemplo, con mayoría de recursos provenientes de los fondos públicos, no superó los 50 millones.

Este sistema de corrupción generalizada con coimas y aportes en negro contó, para poder instalarse y extenderse, de una justicia que en gran medida fue cómplice o miró para otro lado. Desde los jueces de la servilleta de Carlos Corach, pasando por la Corte Menemista a Oyarbide.

La corrupción es un cáncer que desde hace muchísimos años corroe el sistema político nacional, cada vez más gravemente. Afectando la calidad democrática, nuestra vida cotidiana (que lo digan sino las víctimas de Once) y también, en importante grado, la economía del país. Lo sucedido con YPF y el actual desabastecimiento de petróleo y gas, con miles de millones de dólares gastados en importaciones, es un ejemplo palpable de esto último. Como lo es también la fraudulenta deuda externa que se llevó centenares de miles de millones de dólares del esfuerzo nacional. Ni que hablar del saqueo constante de nuestros recursos naturales.

Ningún país soberano, progresista, justo, equitativo se puede construir en un marco de corrupción institucionalizada y extendida como la que arrastramos. Debemos por ende condenarla con toda firmeza, cualquiera sea el signo político que la cobijó o la cobija. Exigiendo leyes y medidas concretas para terminar con ella, caiga quien caiga.

Advirtiendo al mismo tiempo respecto de los intentos del macrismo de ponerla en cabeza ajena, como si ellos no tuvieran nada que ver. Como también desenmascarando su gatopardismo, de hacer como que se cambia algo para, en realidad, no cambiar nada.