Tras el rechazo del Senado a la ley de IVE, el Congreso se abocará a importantes debates. Y Cambiemos pondrá a prueba, una vez más, su capacidad para generar consensos. Un repaso por los temas pendientes del segundo semestre.
Un segundo semestre palpitante es el que le espera al Congreso. Después de casi cuatro meses donde el aborto legal acaparó el mayor grado de atención, el Senado y la Cámara de Diputados se meterán de lleno en debates que prometen ser intensos, y el interbloque Cambiemos pondrá a prueba, una vez más, su capacidad para generar consensos, en procura de cerrar el año sin ningún tropiezo.
La discusión más inmediata se dará en el Senado y tiene que ver con la ley de extinción de dominio para “recuperar lo robado”. El proyecto será tratado este miércoles en el recinto, y por estas horas, los distintos bloques buscan llegar al acuerdo que no se logró en comisiones, donde se firmaron tres dictámenes diferentes.
Así, hay una propuesta del peronismo, encabezada por Rodolfo Urtubey; otra de Cambiemos, impulsada por Federico Pinedo; y otra del Frente para la Victoria-PJ, elaborada por María de los Ángeles Sacnun. Las tres iniciativas modifican el proyecto aprobado en Diputados en junio de 2016, el cual -según coinciden- contiene serias deficiencias.
El proyecto -que apunta a traspasar al Estado el dominio de bienes obtenidos a través del delito- será votado en la misma sesión en la que el Senado deberá autorizar o no el allanamiento a las propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner, pedido por el juez Claudio Bonadio en la causa de “los cuadernos de las coimas”.
El pedido no pudo ser votado la semana pasada por falta de quórum y porque el magistrado envió sobre la hora los fundamentos de la medida. Contar con esa justificación fue una exigencia del Frente para la Victoria-PJ antes de votar la solicitud en el recinto, si bien en comisiones Cambiemos firmó el dictamen favorable junto a parte del bloque Justicialista.
La Cámara alta también tiene en agenda el pliego de Inés Weinberg de Roca para la Procuración General. La candidata del presidente Mauricio Macri y presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño se presentó en la Comisión de Acuerdos el pasado 31 de julio, tras recibir 985 adhesiones y una decena de impugnaciones, sobre todo de organismos de Derechos Humanos.
Todavía no hay fecha para la reanudación del debate en comisión y tampoco para el tratamiento en el recinto, pero Cambiemos deberá trabajar duro para conseguir, entre los senadores del interbloque peronista Argentina Federal, los 48 votos necesarios para avalar el pliego.
Otro tema que deberá abordar el Senado es el proyecto para regularizar el dominio de más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. La iniciativa consiste en expropiar las tierras ocupadas y, en una segunda instancia, otorgar títulos de propiedad a sus habitantes. En Diputados, la votación fue por unanimidad.
En la Cámara baja, el gran debate post-aborto será el del Presupuesto 2019, que deberá ingresar antes del 15 de septiembre. A principios de julio, el Ejecutivo envió un adelanto, donde proyecta para el año próximo un crecimiento económico de alrededor del 2%, una inflación del 17% y libre flotación del dólar. Consistentemente con las metas de ajuste fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé un déficit del 1,3% del PBI.
La agenda para el segundo semestre también incluye la ley de comunicaciones convergentes -la llamada “ley corta”-, que permitirá que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play. El proyecto obtuvo en el Senado 46 votos positivos y 11 negativos, y en Diputados fue girado a las comisiones de Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda.
También en Diputados está pendiente la discusión del proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos, enviado por el Ejecutivo como coletazo de la investigación sobre los aportantes falsos de la campaña electoral de Cambiemos. Se plantea la bancarización de los aportes, la legalización de las contribuciones de empresas -con un tope- y mayores controles para evitar lavado de dinero.
El texto tiene giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, y en el recinto debe ser aprobado con mayoría absoluta -129 votos en el caso de Diputados-, porque así lo establece el artículo 77 de la Constitución Nacional.
Por último, el próximo 21 de agosto la comisión de juristas encargada de redactar el nuevo Código Penal le entregará el anteproyecto a Macri, para su posterior envío al Congreso. Se trata de una amplia reforma donde algunos de los puntos a discutir serán la eventual despenalización del aborto y del consumo de drogas.
