Luego de que la diputada de Evolución Inés Gorbea impulsara un proyecto para que la Ciudad cuente con su propia oficina anticorrupción, la legisladora de Vamos Juntos Natalia Fidel presentó en la Legislatura una iniciativa en el mismo sentido, a fin de crear dicho organismo, el cual dependería de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad y gozaría de autonomía funcional y autarquía financiera.

El proyecto prevé que la Agencia sea “la encargada de la prevención, investigación y denuncias de actos de corrupción, infracciones a la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, o violación a los deberes de funcionario público” y que su director- a diferencia de la Oficina Anticorrupción nacional- sea aprobado con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de la Legislatura de la Ciudad. El mismo tendrá un mandato de cinco años y podrá ser reelecto en una única oportunidad; también podrá ser removido por igual cantidad de votos a requerimiento del Poder Ejecutivo o de cualquiera de sus miembros.

Asimismo, la medida establece que el organismo elabore un informe anual con la memoria de todos los actos de gestión a su cargo. Dicho informe será elevado al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Legislatura de la Ciudad; el mismo será de carácter público y debe garantizarse su distribución y consulta libre y gratuita a través de internet.

En ese sentido Fidel explicó que “la política está atravesando un momento en el que más que nunca debe encarar el desafío de lograr instituciones fuertes e independientes capaces de implementar procesos transparente que gocen de legitimidad y credibilidad ante la sociedad” y consideró que “el proyecto de creación de una Agencia Anticorrupción para la Ciudad será un paso importante en ese camino”.

“que es fundamental que la futura Agencia posea independencia, para eso el proyecto en el que estamos trabajando prevé autonomía de recursos, personal especializado y un marco jurídico idóneo, tal como se contempla en los lineamientos internacionales sobre estándares y recomendaciones para los organismos encargados de la prevención e investigación de la corrupción”, concluyó.