El silencio que venía manteniendo desde que estalló la crisis cambiaria le dio sobrados réditos. Y lo mantuvo aun cuando estalló el escándalo de los cuadernos. Solo habló durante el histórico debate del aborto, pero se circunscribió a ese tema; y como se levantó la sesión en la que iba a discutirse la autorización para allanar sus propiedades, no pudieron escucharse los argumentos que dicen que tenía preparados para esgrimir durante el debate.

Rompió el silencio este viernes, a través de un artículo que publicó en las redes sociales y en el que pone en duda el uso de la figura del “arrepentido”. Precisamente uno de los últimos aceptados en tal condición fue el que la obligó a salir a responder, tal cual admite. Hablamos del empresario Gabriel Romero, titular de Hidrovía SA, que confesó esta semana haber pagado 600 mil dólares por un decreto que ella firmó en 2010, que permitió extender su contrato.

Cristina Fernández de Kirchner admite en su artículo que decidió no hacer comentarios sobre “remiseros ‘arrepentidos’ que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también ‘arrepentidos’ que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio”. La referencia es al chofer Oscar Centeno y al extitular de la OCCOVI Claudio Uberti, pero admite que los dichos de Gabriel Romero la obligan a pronunciarse.

“Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”, es el título de su artículo de más de 7 mil caracteres, en el que señala las “particularidades muy especiales” del decreto 113 del 21 de enero de 2010 por el que se dice que pagaron 600 mil dólares. Señaló que su intervención como presidenta de la Nación respecto de ese decreto se limitó a “lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto”.

Luego arremete contra los “arrepentidos a la carta”, tal la irónica referencia que utiliza, y respecto de Gabriel Romero le pide que indique “a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni éste ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”. Al contrario, aclara, “los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación”.

“El evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’ llevado a cabo por Bonadio y Stornelli, es sencillamente escandaloso”, afirma Cristina Kirchner, quien advierte que el mismo “cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas”.