La diputada de Vamos Juntos dialogó con parlamentario.com acerca de la propuesta del oficialismo para crear en la Ciudad una Oficina Anticorrupción, la cual dependería de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno porteño y gozaría de autonomía funcional y autarquía financiera.
Por Daiana Zunino
Luego de que Evolución y Vamos Juntos impulsaran dos iniciativas a fin de crear la Oficina Anticorrupción de la Ciudad, la diputada oficialista y miembro de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, Natalia Fidel, dialogó con parlamentario.com para analizar el alcance de la propuesta que busca garantizar una mayor transparencia en la gestión pública del distrito capitalino.
De acuerdo al proyecto presentado por Fidel, la Oficina Anticorrupción dependería de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad y gozaría de autonomía funcional y autarquía financiera. Además, establece que dicho organismo sea el encargado “de la prevención, investigación y denuncias de actos de corrupción, infracciones a la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, o violación a los deberes de funcionario público” y que su director- a diferencia de la Oficina Anticorrupción nacional- sea aprobado con el voto de la mayoría absoluta de todos los miembros de la Legislatura de la Ciudad. El mismo tendrá un mandato de cinco años y podrá ser reelecto en una única oportunidad; también podrá ser removido por igual cantidad de votos a requerimiento del Poder Ejecutivo o de cualquiera de sus miembros.
Asimismo, la medida prevé que el organismo elabore un informe anual con la memoria de todos los actos de gestión a su cargo. Dicho informe será elevado al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Legislatura de la Ciudad; el mismo será de carácter público y debe garantizarse su distribución y consulta libre y gratuita a través de internet.
Cabe destacar que ambas iniciativas se debatirán en la Comisión de Asuntos Constitucional -presidida por el oficialista Diego Marías- en el marco de una modificación a la ley de Ética Pública. Además, se espera que la medida sea aprobada antes de fin de año.
-¿Por qué es necesario que la Ciudad de Buenos Aires cuente con una Oficina Anticorrupción? ¿Qué beneficios traerá aparejados?
La coyuntura argentina nos pone en evidencia que es necesario perfeccionar los sistemas de prevención y controles contra la corrupción haciéndolo menos falibles. Porque, si bien es cierto que la honestidad debería ser la norma y condición sine qua non de todo funcionario público, cuando no lo es, los mecanismos del Estado deben prevenir dificultando cualquier tipo de conducta corrupta y, si no la puede prevenir, al menos, identificarla de forma prematura para evitar que el daño se prolongue en el tiempo.
En ese sentido, es necesario contar con más y mejores herramientas. Por eso, lo que buscamos es, por una lado, mejorar la Ley de Ética Pública y, por otro, jerarquizar la autoridad de aplicación de la misma a través de una Agencia Anticorrupción que posea total independencia y autonomía para realizar esa función.
El beneficio es que la Ciudad contará con herramientas más eficientes que las actuales para detectar y sancionar posibles hechos de corrupción.
-¿Cuáles serán las diferencias sustanciales que tendrá la Oficina Anticorrupción de la Ciudad en comparación con la Nacional?
La diferencia más importante es la forma de designación y remoción del Director. El encargado de la Agencia será nombrado por el Ejecutivo, pero con acuerdo de la legislatura con voto de mayoría absoluta. Mismas condiciones que se requerirían para su remoción. Además, es un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera. Esto es importante porque entendemos que si bien funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo, para poder actuar sin condicionamientos necesitará saber que goza de cierta estabilidad en el cargo y libertad de acción.
-¿Cuáles serán las principales funciones de la Oficina Anticorrupción?
La Agencia está pensada como un órgano que se dedique a prevenir los hechos de corrupción y a detectarlos. Cuando esto ocurre podrá iniciar investigaciones y formular denuncias en sede judicial. Podrá, además, ser querellante en causas judiciales. También recibirá y evaluará el contenido de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios para detectar enriquecimiento ilícito o incompatibilidades en el ejercicio de la función.
-¿Considera que a raíz de la implementación de esta medida se logrará disminuir los hechos de corrupción?
Como comentaba anteriormente, el objetivo de este tipo de medidas es prevenir dificultando cualquier tipo de conducta corrupta y, si no la pueden prevenir, al menos, identificarla de forma temprana para evitar que el daño se convierta en estructural. En ese sentido, estamos convencidos que la Agencia va a contribuir mucho porque tendrá más herramientas que poder hacerlo: podrá recibir denuncias, impulsar investigaciones, requerir colaboración de la Justicia, solicitar todo tipo de documentación necesaria para investigar, entre otras cuestiones.
