El diputado Leandro Santoro presentó un proyecto de ley para modificar el Régimen de Contratos de Participación Público-Privada, con el objetivo de prohibir que empresarios y empresas que reconozcan haber participado de hechos delictivos no puedan participar de esos procesos.
Luego de que varios empresarios reconocieran haber participado en hechos de corrupción, el legislador de Unidad Ciudadana Leandro Santoro presentó en la Legislatura porteña una iniciativa para modificar la Ley N° 5916 de Régimen de Contratos de Participación Público-Privada, a fin de evitar que puedan participar de procesos de licitación en la Ciudad.
De esta manera, el proyecto establece que “las personas físicas, empresas y sociedades que a través de sus representantes declaren o hayan declarado en sede penal reconociendo su autoría o participación delictiva a través del régimen de la Ley Nacional N° 27.304 (El arrepentido), o celebren un ‘Acuerdo de Colaboración Eficaz’” no podrán asumir la condición de oferentes o contratistas.
La medida también prevé que crear un sitio de consulta pública y gratuita de internet, en el cual deberá figurar el registro de oferentes y contratistas que -por su incompatibilidad- no podrán participar en los diferentes procesos de licitación.
Según precisó Santoro en los fundamentos del proyecto, “la iniciativa tiene por objetivo fundamental reforzar los mecanismos de transparencia” y remarcó que “los hechos de público conocimiento, acaecidos recientemente y difundidos periodísticamente como ‘La causa de los cuadernos’, pone de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, motivo por el cual esta Legislatura, como órgano representativo del pueblo de la ciudad, tiene el deber de dar una respuesta jurídico política que otorgue garantía suficiente para el impedimento de su reproducción”.
Asimismo detalló tres empresarios que “se han manifestado expresamente como ‘arrepentidas’ y que actualmente tienen obras en ejecución”, entre las cuales se encuentran: “Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente de la Nación Mauricio Macri, quien a través de la empresa IECSA SA, y en forma conjunta con la empresa Fontana Nicastro, crearon la empresa ‘IECSA – FONTANA NICASTRO UTE’, la cual se encuentra realizando la obra ‘Paseo Del Bajo: Tramo C – Trinchera Semicubierta Norte’”; “Aldo Roggio, presidente de Benito Roggio e Hijos, quien a través del consorcio ‘Benito Roggio e Hijos SA– Jose Cartellone Construcciones Civiles SA – Supercemento Saic’ logró hacerse adjudicataria de la construcción de la Obra ‘Segundo Emisario del Arroyo Vega’”; y “Luis Betnaza es representante de la firma Techint, quien actualmente se encuentra construyendo nuevas estaciones de la línea H”.
“Resulta inadmisible desde el plano de la transparencia, desde el objetivo de combatir la corrupción y desde la esfera de la ética pública convalidar que los proveedores del Estado, sigan siendo empresarios que asumen el pago de coimas”, sentenció el diputado.
