En una reunión informativa, la Comisión de Comunicaciones e Informática que preside el diputado Juan Brugge recibió a asociaciones de cableoperadores que realizaron aportes y críticas a la ley de comunicaciones convergentes.

Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Ariel Grayzer, expresó su apoyo a la iniciativa porque “va a permitir una competencia que no tenga asimetrías, es una reforma normativa necesaria”.

Grayzer también se mostró a favor de eliminar el 20% en asignación de frecuencias en favor de ARSAT y en la compartición de infraestructura que “debería facilitar el despliegue de redes”. “Con esta ley las pymes redundarán en mejores servicios a los usuarios”, dijo.

Nicolás Mayoraz, de la Cámara de Cableoperadores Independientes, indicó que en la ley “hay que realizar omisiones a fin de resguardar la libertad de competencia”. “Sin modificaciones en asignación de frecuencias, en plazos a las pymes para que tengan las mismas herramientas de desarrollo, habrá una gran injusticia”, detalló.

En representación de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, Daniel Delfino, afirmó que la ley “posterga un poco nuestra desaparición” y anticipó que “habrá perdidas de trabajo”. En tanto, consideró que “la comunicación en nuestras localidades la hacen las pymes, sólo nosotros podemos garantizar el pluralismo”.

Desde el oficialismo, la diputada Karina Banfi dijo que “esta ley no pretende abarcar todo, sino que es complementaria con otras como la de defensa del consumidor, en la que a su vez, estamos trabajando en una reforma”.

Las asociaciones de Córdoba y Santa Fe expresaron que están de acuerdo con el desarrollo y la competencia sostenible pero no “a cualquier precio”. Criticaron los plazos “que son pocos para permitir una relación de igual a igual con los grandes operadores” y la facultad de los municipios que “puede prestarse a intereses políticos”.

Daniel Celentano, de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, comentó que el impacto de la ley corta representa a más de 700 operadores en más de 1200 localidades, a 6 millones de domicilios y consideró que “resulta lamentable que la comunicación sólo se analiza de manera tributaria y no como herramienta de instrucción y educación”.

Con respecto a los plazos de adecuación e inversiones, Celentano dijo “sin plazos razonables para que los medianos y pequeños operadores obtengan herramientas de desarrollo y en igualdad de desarrollo, la ley corta no pareciera prever inversiones de las multinacionales que se esconderán detrás de las pequeñas”.

La iniciativa denominada como “ley corta” permitirá que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play. Se establece también que podrán dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario a partir de 2020; mientras que en el interior del país será en 2021 y en las localidades con menos de 100 mil habitantes en 2022.

Fuente: Prensa HCDN