La nota de la expresidenta en la que concedió el procedimiento destrabó la sesión de este miércoles, donde se votará el pedido del juez Claudio Bonadio. La ley de extinción de dominio, por ahora, con destino incierto.
La autorización para allanar tres domicilios de Cristina Kirchner ya tiene los votos en el Senado. Tras el aval de la propia expresidenta, oficialismo y oposición garantizan el quórum y las voluntades para avalar este miércoles el procedimiento ordenado por el juez Claudio Bonadio, aunque por estas horas se discutían las condiciones que puso la senadora del Frente para la Victoria-PJ para realizar la requisa.
En una reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque ratificaron la sesión -que iniciará a las 14- y aceptaron votar a favor del requerimiento de Bonadio. No será un trámite expeditivo, pues los senadores kirchneristas planean pedir la palabra para desplegar toda su artillería verbal contra el magistrado, que tiene a su cargo la causa por los “cuadernos de las coimas” y varias otras contra la exmandataria.
Si bien hay acuerdo para aprobar los allanamientos, los senadores deberán definir si aceptan las exigencias enumeradas por Cristina. El bloque que conduce Miguel Pichetto llevará al recinto una propuesta de redacción, ordenando que el procedimiento sea supervisado por los abogados de la senadora investigada y que se respete su privacidad e intimidad.
Sin embargo, Cambiemos no estaría dispuesto a aceptar que Cristina designe un senador como veedor del allanamiento. “Estaríamos interviniendo en la esfera de otro poder. El que define el allanamiento es el juez”, argumentó un importante legislador del oficialismo al término de Labor Parlamentaria.
Otro tema de discusión tiene que ver con el registro visual del proceso. La expresidenta pidió que “no haya cámaras de televisión ni fotográficas”; lo que resta definir es si los senadores prohibirán expresamente la difusión pública de las imágenes captadas.
Tras esta votación, el Senado se sumergirá en el debate sobre la ley de extinción de dominio. El bloque de Pichetto intentaba acercar posiciones con otros espacios de la oposición, dado que el oficialismo se mantiene en su postura de no acompañar la iniciativa que tiene mayoría de firmas.
El peronismo aceptó algunos cambios sugeridos por el kirchnerismo: que la acción de extinción de dominio esté en manos de un fiscal -y no del Procurador del Tesoro-, y que se incorporen a los delitos contemplados aquellos que atentan contra el orden económico y financiero -Título XIII del Código Penal-. También se incorporaría la posibilidad de extinguir el dominio sobre bienes locales cuando no sea posible ejecutar esta acción sobre bienes depositados en paraísos fiscales.
El primer proyecto en ser sometido a votación será el del justicialismo, y si resulta rechazado, se considerará el de Cambiemos. Hay un tercer dictamen, del FpV-PJ. Sea cual sea el texto triunfador, en todos los casos se modifica la media sanción de la Cámara de Diputados, que al fin y al cabo tendrá la última palabra.
La extinción de dominio consiste en que la titularidad de los bienes que sean producto de delitos graves pase a manos del Estado, que podrá disponer de esos bienes. Según propone el bloque Justicialista, con Rodolfo Urtubey a la cabeza, esta acción sería de carácter civil pero quedaría enmarcada en el proceso penal.
“Estamos en una encrucijada histórica. La sesión de mañana es una nueva oportunidad para dejar atrás la impunidad de la corrupción en la Argentina. Y esto debe darse de manera categórica con la autorización de los allanamientos pedidos por el juez Bonadio y con la aprobación del proyecto de extinción de dominio”, sostuvo la vicepresidenta Gabriela Michetti en la previa de la sesión.
