El senador nacional Gerardo Montenegro presentó un proyecto de declaración en donde manifiesta su “enorme preocupación” por la actual situación de más de cincuenta Universidades Públicas y colegios preuniversitarios de todo el país, que no han podido iniciar el ciclo lectivo del segundo semestre de este año.

El proyecto, que además fue acompañado con las firmas de las senadoras nacionales Ada Iturrez de Cappellini y Blanca Porcel de Riccobelli, declara el “rechazo de toda acción del Estado Nacional que perjudique a los trabajadores de la educación y a los alumnos de todas las jurisdicciones del país”; expresa su “acompañamiento a las acciones encaradas” por las autoridades, decanos, docentes, no docentes, estudiantes y demás integrantes de esta comunidad educativa; “repudia categóricamente todo recorte presupuestario” que el Estado nacional realice en relación a la educación pública nacional, y en particular en la provincia de Santiago del Estero; “acompaña el reclamo salarial de los trabajadores de la educación”; y, finalmente, manifiesta su “apoyo y defensa de la educación pública en la provincia de Santiago del Estero”, frente a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional que “afectan e impiden el normal funcionamiento de nuestras universidades”.

Dentro de los fundamentos del proyecto, Montenegro menciona las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en el país en defensa de la universidad pública, y destaca que se expresan “justamente a 100 años de la Reforma Universitaria y frente a un contexto privatizador que el Gobierno nacional implementa como políticas de Estado, y que abre la puerta a un contexto mercantilizador de la educación pública que impide el acceso al conocimiento y la educación para todos”.

En este sentido, Montenegro continuó: “Los reclamos docentes y la de sus organizaciones sindicales parecen no encontrar eco ante las autoridades nacionales, lo que lleva a expresar nuestro apoyo a los reclamos justos y concretos hacia el trabajo docente, que hoy parece vapuleado y ninguneado por el Gobierno nacional”.

Finalmente, el senador santiagueño señaló que quiere dejar asentada su “preocupación por la actual situación educativa en el país”, y su rechazó ante “toda acción del Estado Nacional que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones gremiales”.

“Sin educación será imposible generar igualdad de oportunidades para la población, por lo que en esta materia, es inadmisible pensar en costos y oportunidades desde un punto de vista sólo economicista. Cuanto menos acceso a la educación se tenga, peores serán las consecuencias por su afectación directa a la sociedad en su conjunto”, concluyó.