Se difundió un informe judicial elaborado por el juzgado de Claudio Bonadio en el que se pone a Cristina y Néstor Kirchner y al detenido diputado nacional como los “verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita” que está siendo investigada.
Una semana realmente complicada para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner terminó de la peor manera, al difundir el juzgado que la investiga un durísimo informe en el que la sindican a ella, junto a su difunto esposo Néstor Kirchner y al detenido Julio De Vido como los “verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita” investigada.
La información fue difundida a través del sitio del Centro de Información Judicial, donde se brindan detalles de la causa N° 9.608/2018 caratulada “Fernandez Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita”, y allí se sindica a ella, Néstor Kirchner y De Vido al frente de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos”.
El informe brindado este viernes por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 cuenta que la causa se inició a raíz de la información aportada por “una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
A partir de esas circunstancias se dio inicio a distintas medidas probatorias para verificar la verosimilitud de la información registrada, valiéndose el Ministerio Público para tal fin de tareas de inteligencia en cuyo marco se recabaron informes y se procedió a la intervención de ciertos teléfonos.
“Por consiguiente, se obtuvieron indicios que “prima facie” permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho –cuanto menos–, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma Energía Argentina S.A. –ENARSA–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”, detalla el informe.
Luego se informa que “previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas”, los mencionados exfuncionarios “procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”. Se menciona puntualmente a José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación), “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”, resalta la investigación.
El expediente cuenta ya con 32 cuerpos actuaciones y voluminosa documentación y anexos, donde consta la información recabada a lo largo de 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los exfuncionarios públicos involucrados en la investigación.
Además se secuestraron más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados por aproximadamente $ 37.000.000 y $ 4.500.000.
Asimismo se destaca que como consecuencia de ello “se han secuestrado aproximadamente, más de $ 6.350.000, más de U$S 1.245.000,00), más de 235.000 euros, como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama”.
El juzgado de Bonadio puntualizó que “en total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo dos personas con orden de captura”.
Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento, se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva, precisa el informe, que concluye destacando que “se ha rechazado un planteo de nulidad y tres recusaciones presentadas contra el juez de la causa y una restante, contra el representante del Ministerio Público Fiscal.