Con apoyo de legisladores de todos los bloques, Daniel Filmus presentó un proyecto de ley de producción pública de medicamentos para la interrupción del embarazo no punible.
Un proyecto de ley con el objetivo de garantizar la producción pública de los medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS) misoprostol y mifepristona, para la realización de las prácticas farmacológicas de la interrupción del embarazo, de aplicación en los casos no punibles, fue presentado por el diputado nacional Daniel Filmus, con apoyo transversal y la firma de otros 15 legisladores.
“El propósito de este proyecto de ley es garantizar el derecho de las mujeres al acceso equitativo a los medicamentos recomendados por la OMS para una segura interrupción del embarazo en los casos no punibles, con una disminución considerable de los riesgos, así como de los costos del sistema de salud en general”, consideró el exministro de Educación.
Filmus destacó también que esta ley “garantiza la soberanía en materia de salud, ya que prevé que los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) produzcan misoprostol y mifepristona, que el Ministerio de Salud de la Nación los incluya en el Plan Médico Obligatorio y en el vademécum de los programas de medicamentos de cobertura gratuita, en sintonía con las medidas adoptadas por las provincias de Santa Fe y Río Negro, donde se prevé la pronta fabricación pública”.
El proyecto promovido por Filmus lleva además las firmas de los diputados Daniel Lipovetzky, Victoria Donda, Brenda Austin, Cecilia Moreau, Araceli Ferrreyra, Silvia Lospennato, Mónica Macha, Verónica Mercado, Mayra Mendoza, Gabriela Estevez, Cristina Álvarez Rodríguez, Pablo Carro, Hugo Yasky y Roberto Salvarezza.
La OMS estima que la utilización de medicamentos esenciales es considerablemente menos costosa que el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud. Según la información oficial proporcionada, mientras que en la actualidad el costo de una interrupción del embarazo es de $11.500, a través del método seguro costaría $1.914.
El proyecto prevé que los laboratorios que integran la ANLAP realicen convenios con instituciones universitarias, científicas, organismos públicos y/o laboratorios privados que posean patentes de los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y estén habilitados a tales fines. Además, incluye la obligación de adecuar la partida presupuestaria de la ANLAP para proporcionar a los laboratorios públicos apoyo financiero para la producción de dichos medicamentos.
El misoprostol es una droga aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Actualmente, dos laboratorios producen y comercializan el medicamento con fines diferentes. ANMAT, tras una larga demanda de los organismos de Derechos Humanos y del colectivo de mujeres, ha autorizado el uso ginecológico del misoprostol y la producción del producto Misop 200, en forma farmacéutica de comprimidos vaginales, en una concentración de 200 mcg, con la condición de venta bajo receta archivada para uso institucional y hospitalario exclusivo. La otra versión en comprimidos vaginales para inducciones de parto posee una concentración de 25 mcg y también sólo es permitida por la ANMAT bajo el plan de gestión de riesgos, con uso exclusivo en instituciones hospitalarias con servicio de obstetricia, entre otros requisitos.
En farmacias sólo está disponible como un subcomponente del Oxaprost, nombre comercial que contiene dos principios activos: diclofenac + misoprostol, se vende bajo la forma de comprimidos para ser administrados por vía oral para afecciones gástricas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció en un comunicado: “Esa empresa subió un 300% el precio de la caja de dieciséis pastillas de misoprostol entre 2014 y 2016 y modificó la presentación para eludir los controles de preciosy obligar a los usuarios a comprar más pastillas de las que necesitan, a un mayor precio”.
En Argentina, al no estar autorizada la producción y comercialización de mifepristona, se utiliza únicamente misoprostol para garantizar prácticas seguras y eficaces en las jurisdicciones que poseen protocolos para interrupciones no punibles del embarazo.
