Cinco legisladores que votaron a favor del aborto legal presentaron un proyecto en el marco de la discusión sobre la separación de la Iglesia del Estado.
La discusión sobre la separación de la Iglesia del Estado se coló en la agenda pública cuando el Congreso debatía la legalización del aborto. Ahora que el proyecto fue rechazado en el Senado, diputados de Cambiemos que votaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo presentaron un proyecto de ley para remover símbolos religiosos de edificios públicos.
La iniciativa, de cinco artículos, es encabezada por la radical Karina Banfi y fue acompañada por Fernando Iglesias (Pro), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, de la UCR.
El texto propone “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional”, y establece que desde la fecha de promulgación de la ley “queda prohibida toda exhibición de símbolos e imágenes religiosas ubicadas en aquellos espacios”.
En el propio Congreso de la Nación hay un ejemplo que encuadra en la propuesta de ley: una réplica de la Virgen de Luján cuelga de una de las paredes laterales del Salón de Pasos Perdidos.
Para remover estos símbolos religiosos, el proyecto otorga un plazo de 90 días desde la sanción de la ley. De todos modos, se fija una excepción: cuando se trate de imágenes que “formen parte del lenguaje arquitectónico”, no será obligación retirarlas.
“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina”, explican los diputados en los fundamentos.
Sostienen que “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional. Argentina es un estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”.
“Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”, concluyeron.
