Mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales de Cristina Fernández de Kirchner, el abogado de la senadora, Carlos Beraldi, negó la existencia de bóvedas en el chalet de El Calafate y denunció que en el departamento de Recoleta se colocó un “tóxico de contacto” tras el allanamiento.

Luego de que este fin de semana se concretaran los procedimientos en tres propiedades de expresidenta, ordenados por el juez Claudio Bonadio que lleva la causa de los “cuadernos de las coimas”, el letrado cuestionó que no se lo haya dejado participar del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, “violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento”.

“Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación”, expresó.

Además, cuestionó que el allanamiento realizado en la casa de El Calafate “fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana”.

“Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, remarcó Beraldi.

El abogado de la senadora también sostuvo que los objetos secuestrados por orden de Bonadio “no guardan relación con el objeto de la causa” sino que “son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación”.

“Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009”, agregó.

El letrado ahondó que en el caso de El Calafate, donde la requisa se extendió por tres días, “en cada interrupción”, el domicilio quedó “bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos”. Por eso, planteó que en las noches del viernes y del sábado no se supo quién entró o salió de la casa “y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa”.

Por otro lado, Beraldi relató que el sábado 25 de agosto, tras el allanamiento en el departamento de Recoleta, tres personas del personal doméstico “cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar”.

Por este motivo, dice el abogado, fueron atendidas al día siguiente en el Hospital de Clínicas, donde “luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente”.

“Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento”, subrayó.

Hacia el final del comunicado, el defensor de la legisladora se quejó de que el CIJ (Centro de Información Judicial) haya difundido un informe de Bonadio, en el que “anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir que sería la cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa”.

“Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados”, concluyó.