El bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de la Legislatura de la Ciudad realizó un acto frente a la Catedral para presentar su proyecto de separación de la Iglesia del Estado, poniendo fin a los beneficios económicos millonarios que recibe el Episcopado por distintas vías y anulando la sesión de predios cedidos en el 2015.

La iniciativa fue presentada por el diputado Gabriel Solano junto con un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones de a cuánto asciende el financiamiento que la Ciudad otorga a la Iglesia.

En el acto Solano señaló que “los beneficios económicos que el Estado de la Ciudad le otorga a la Iglesia se cuentan por centenares de millones de pesos anuales” y destacó que “el Episcopado es el principal propietario de bienes raíces de la Ciudad; tiene 360 propiedades, sobre la que no paga el impuesto inmobiliario”.

Sobre esa mis línea, remarcó que “para ver la magnitud del dinero en juego, solamente por la sede de la Universidad Católica de Puerto Madero se debiera pagar 702 mil pesos mensuales, pero al estar ´exenta´ ese dinero quedan en el arca de la Iglesia. Se trata de un beneficio para una empresa privada, que cobra aranceles superiores a los 17 mil mensuales para sus carreras”.

“La Ciudad tampoco le cobra Ingresos Brutos a las actividades comerciales de la Iglesia, así como el Estado nacional no le cobra ni Ganancias ni IVA. La Iglesia tiene playas de estacionamiento, como la que está ubicada en Córdoba y Rodríguez Peña, exenta de todos los impuestos; también tiene sedes, como la Catedral, que por una disposición de la dictadura aún vigente se le paga el servicio de electricidad”, afirmó y advirtió que “por todos estos impuestos que no paga a nivel nacional, los montos en juego superan con holgura los 1.000 millones de pesos”.

Además, Solano insistió en que “estos recursos son usados por la Iglesia para sus campañas oscurantistas contra los derechos democráticos más elementales, sea el aborto legal o la implementación de la ley de educación sexual integral” y concluyó que “una organización que tiene en su cúspide a un Papa que pide que los niños homosexuales sean tratados por psiquiatras debe ser separada de toda función educativa y cultural”.

Por su parte, el exlegislador del FIT Marcelo Ramal recordó que en 2015 todos los bloques de la Legislatura porteña -a excepción de la izquierda- “votaron la entrega de 17 predios de la Ciudad valuados en más de 5 millones de dólares a la Iglesia” y consideró que “fue un tributo de todos los partidos al Clero, un impuesto de hecho que el Estado le impuso a la población a favor de una organización oscurantista; del mismo modo que en su momento rechazamos esa entrega ahora planteamos en el proyecto su anulación y que esos predios vuelvan a ser propiedad de la Ciudad”.

“El sostenimiento económico a la Iglesia compromete al Estado a utilizar su capacidad de coerción y represión para imponer la política oscurantista al conjunto de la sociedad. Una asamblea constituyente soberana debiera proceder a la separación de la Iglesia del Estado, nacionalizando integralmente sus propiedades y poniendo fin a sus beneficios económicos. Inscribimos esta tarea en el cuadro general de lucha de los trabajadores contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”, concluyó.

A su vez la dirigente del Plenario de la Mujer Trabajadora y del Partido Obrero, Vanina Biasi, destacó que “las denuncias contenidas en el proyecto del Frente de Izquierda muestran el entrelazamiento entre la Iglesia con el Estado, que explican a su turno el rechazo al aborto legal que fue reclamado en las calles por 2 millones de personas en oportunidad del tratamiento en el Senado” y aseveró que “en momentos de ajuste, ninguno de estos partidos quiere prescindir de la contención social que el Clero realiza en la población más explotada, para evitar una reacción ante el empobrecimiento generalizado”.