La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados resolvió este martes postergar una semana el dictamen de una nueva ley de vacunas.

El proyecto, de autoría del tucumano Pablo Yedlin (Argentina Federal), pasó nuevamente a asesores para afinar su redacción, antes de que sea girado a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa viene a reemplazar la actual Ley 22.909, que data de 1983 durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone, la cual quedaría derogada con la aprobación de esta propuesta.

Durante la reunión hubo dos puntos centrales de discusión por los que se acordó alcanzar un texto de consenso antes de la firma. Uno es el que propone que para trámites como renovación de DNI, pasaporte o licencia de conducir, la persona deberá presentar el certificado de vacunas. En tanto, el otro gira sobre el rol de las farmacias, ya que se busca que las vacunas sólo sean comercializadas y aplicadas en vacunatorios habilitados

Al defender su proyecto, Yedlin dijo que la intención es “saldar una deuda” ya que la actual ley “atrasa en muchos aspectos” y mencionó que mientras en aquella época eran obligatorias nueve vacunas, hoy lo son “más de 20”.

Entre los principales puntos destacó que se establece la gratuidad de todas las vacunas, la vacunación como elemento obligatorio, un presupuesto intangible, la creación del día del vacunador, habilitar vacunadores eventuales -por ejemplo, estudiantes del último año en carreras de la Universidad de Medicina-, y que el Ministerio de Salud no tenga que pagar impuestos internos por las vacunas, entre otros.

A su turno, la kirchnerista Fernanda Raverta aseguró que este proyecto “nos parece absolutamente necesario en este contexto que es muy preocupante para la salud”. Asimismo hizo referencia al faltante de vacunas y la suspensión de la dosis contra la meningitis para niños de 11 años.

Desde el oficialismo, Graciela Ocaña advirtió que la iniciativa tenía “algunos aspectos donde es muy reglamentarista y eso va a generar que no se pueda aplicar”. Ante las inquietudes de varios legisladores sobre la redacción final, se decidió demorar el dictamen hasta el próximo martes.