Cambiemos suscribió el texto, que todavía no reunió las firmas reglamentarias. El PJ dijo que acompañará la iniciativa cuando reciba información adicional sobre ciertos aspectos.
Senadores de Cambiemos firmaron este miércoles el proyecto de ley que propone regularizar el dominio de más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. Fue en un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte; Asuntos Constitucionales; y Presupuesto y Hacienda, donde el PJ puso condiciones para sumar adhesiones.
Sucedió que legisladores del justicialismo reclamaron información adicional sobre el relevamiento de barrios que se hizo en sus provincias. “Creo que todos coincidimos en que la ley es necesaria; pero no voy a firmar hasta que los senadores de mi bloque tengan conformidad en esta información que necesitan”, sostuvo el correntino Carlos “Camau” Espínola.
El presidente de la comisión cabecera (Vivienda) aclaró igualmente que las firmas de los senadores del PJ se sumarán “sin tener que convocar nuevamente a las comisiones porque son muchas y a veces no podemos juntar a todas”, y hay que “sacar cuanto antes” esta ley.
El salteño Juan Carlos Romero, quien acompañó con su firma al oficialismo, cuestionó la falta de detalle presupuestario de la norma y que no incluya la condición de que las provincias deben adherir a la misma, algo, esto último, que reiteraría más adelante el chubutense Mario Pais.
En tanto, muy crítica, la tucumana Beatriz Mirkin (Justicialista) sostuvo que le llamaba “la atención la urgencia de sacar dictamen hoy” cuando “hay comisiones que no hemos tenido reuniones de asesores sobre este tema”. La legisladora también puso en duda la cuestión del presupuesto, a lo que el macrista Esteban Bullrich defendió que “los convenios (entre Nación, provincias y municipios) van a establecer el valor”.
“¡No están terminados los relevamientos!”, resaltó Mirkin y expresó que este se trata de “un proyecto de semejante envergadura que lo quiero apoyar, pero no votarlo como está porque tiene unanimidad en Diputados. Hacen falta aclaraciones”.
En la misma sintonía, el fueguino José “Nato” Ojeda (Justicialista) reclamó que no haya habido reuniones informativas con invitados y que no se dio “el espacio para discutirlo”. Habló de una “desprolijidad” y enfatizó que “esta ley se merece un tratamiento mucho más serio”.
Hacia el final, el senador Federico Pinedo (Pro/Cambiemos) defendió que el proyecto no posea el artículo de adhesión de las provincias. “Yo creo que esto es una ley marco, no creo que haga falta una ley de cada provincia para que esta ley pueda funcionar. Se prevé que para que pase algo el Estado Nacional tendrá que acordar con las provincias y si no, no será operativa en esa provincia”, manifestó.
En diálogo con parlamentario.com, Pinedo dijo que la ley “tiene un consenso muy amplio” y abogó por que en las próximas horas -“mañana o pasado”-, cuando suscriban senadores peronistas, se reúnan las firmas reglamentarias para alcanzar un dictamen. En la reunión, Pinedo reemplazó a Laura Rodríguez Machado, la vicepresidenta de Asuntos Constitucionales, ante la falta de su presidente Dalmacio Mera. Tambien hubo otros cambios de legisladores para alcanzar el quórum en las comisiones.
Sobre la iniciativa
El proyecto apunta a declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares -que en un alto porcentaje son tierras privadas-, con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados.
Según la iniciativa, sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.
El sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.
Todos los gastos que se deriven de los convenios “serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”. Pero además, se autoriza al PEN a crear un fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley”.
Otro aspecto relevante es que establece la suspensión de eventuales desalojos que puedan ordenarse mientras se desarrolla el proceso de regularización dominial.
