La medida pretende regular con intensos controles la comercialización y reparación de los aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes.
Tras la presentación de la segunda etapa de bloqueo de celulares robados, la Comisión de Justicia -presidida por Daniel Presti (VJ)- y la de Desarrollo Económico –liderada por Christian Bauab (VJ)- firmaron el dictamen favorable sobre un proyecto que buscará regular con intensos controles la comercialización y reparación de los aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes.
La medida fue impulsada por el oficialista Ariel Álvarez Palma y cuyo principal objetivo es el de controlar el comercio ilegal de aparatos electrónicos, que se encuentra relacionado directamente con los hechos de hurto o robo en vía pública y encabezan las estadísticas delictivas. Además contempla la creación de un sistema público, online y gratuito de seguimiento de la actividad comercial con sanciones económicas, que irían de los 18 mil a los 90 mil pesos, y clausuras por incumplimiento.
Es así que quienes se dediquen a esta modalidad comercial deberán ingresar en el sistema de comercialización de celulares los siguientes datos: cada teléfono celular que posean para la venta; la descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares; los teléfonos celulares que tengan para su reparación; las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen.
Por otra parte, los particulares podrán ingresar voluntariamente sus dispositivos de telefonía celular al sistema de control.
En los fundamentos del proyecto, el legislador manifestó que “la problemática de la seguridad pública y la criminalidad han pasado a ocupar el centro de atención de los argentinos, constituyéndose en una de las principales demandas ciudadanas y por ello la necesidad de implementar acciones a corto plazo que pongan fin a esta grave situación” y resaltó que “la situación puntual de sufrir el robo de un celular hoy en día implica una perdida material en muchos casos cuantiosa, dinerariamente hablando, pero además conlleva una pérdida de datos e información personal que en ocasiones puede derivar en delitos aun mas graves”.
