La senadora nacional advirtió que el hecho se dio “en un contexto social grave que padece un gran sector de la población que no tiene trabajo”, e instó que se promueva una investigación que dé con los responsables.
La senadora nacional y presidenta de la Comisión Indígena Magdalena Odarda manifestó su repudio por la muerte del menor de 13 años en la provincia de Chaco, ocurrida cuando un grupo de personas intentaba ingresar a un supermercado de la ciudad de Roque Saez Peña. La victima además seria integrante del pueblo indígena toba-qom.
“El hecho se da en un contexto social grave que padece un gran sector de la población que no tiene trabajo, o que lo ha perdido. Es ese sector el que sufre las políticas de ajuste, con recortes presupuestarios en todas las áreas que han provocado inestabilidad y crisis. Por otro lado, repudiamos la estigmatización del pueblo indígena toba-qom en las declaraciones publicadas”, afirmó la legisladora
Sostuvo Odarda que “se está poniendo en riesgo la seguridad de los sectores más vulnerables de la sociedad, los ancianos, las personas con discapacidad, los niños y niñas que deben ser protegidos por políticas públicas adecuadas.”
La parlamentaria instó a que se promueva una investigación que dé con los responsables de la muerte del niño y que “de forma urgente” se dispongan los recursos necesarios para “contener la necesidad de los sectores más golpeados por la política económica actual, en una provincia que muestra una situación de máxima vulnerabilidad social”.
A su vez, solicitó a los organismos involucrados que se garantice el efectivo cumplimento de los derechos del niño y adolescentes, y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas previstos en la Constitución Nacional y en diversos convenios internacionales, así como otras leyes nacionales y provinciales.
En este sentido, recordó que la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 5 “Responsabilidad Gubernamental” determina que “los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen”.
