Por la CGT, Héctor Daer advirtió que “se reciclan casi en forma de slogan principios de igualdad que ya están consagrados”. Coincidieron Estela Díaz, de la CTA de Hugo Yasky, y Dora Martínez, de la CTA de Pablo Micheli.
Autoridades de la CGT y las dos CTA sumaron este martes más críticas al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre equidad salarial de género y licencias parentales, al advertir que “recicla principios ya consagrados legalmente” y que “ni siquiera contempla sanciones” por discriminación hacia la mujer.
El debate se reanudó en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Ziliotto (Justicialista), donde asistieron el triunviro de la CGT Héctor Daer; el diputado y secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky; la secretaria de Género de esa central, Estela Díaz; y la secretaria adjunta de la CTA Autónoma, Dora Martínez.
El primero en exponer fue Daer, quien objetó el título del proyecto oficial al denunciar que “no hace más que recitar la igualdad de género y de trabajo”, y se quejó de que “reciclan permanentemente, casi en forma de slogan, principios de igualdad que ya están consagrados legalmente”.
El representante de la CGT sostuvo que “en la evolución humana, la igualdad de oportunidades ya no alcanza, porque no todos partimos del mismo lugar para tener oportunidades iguales, y sobre todo en un país que en el último tiempo terminó con la equidad en educación al eliminarse la paritaria nacional docente”.
En cuanto a la iniciativa en debate, insistió en que “los enunciados repiten lo consagrado en el plexo normativo laboral y en la Constitución Nacional”.
Para Daer, “lo más preocupante” del proyecto es que “se establece que los códigos de conducta tengan un rango normativo, algo inédito en nuestro país y en el mundo. En ningún lugar del mundo los códigos elaborados unilateralmente por las empresas tienen alcance normativo”.
“Se plantea que los estatutos tienen que seguir un criterio de equidad y que eso será revisado y homologado por la autoridad de aplicación. Someter la homologación de un acuerdo impuesto unilateralmente por la empresa es una intromisión en la vida interna de las organizaciones sindicales”, explicó el cegetista, al indicar que en la actualidad esos acuerdos solo se notifican “sin que el Ministerio de Trabajo pueda objetar nada”.
Otra de las críticas de Daer estuvo dirigida a la inclusión de la equidad de género en el teletrabajo, que es “una relación laboral no encuadrada en ninguna norma” que “da lugar a la precarización”.
Por otra parte, consideró que “cualquier extensión de las licencias para las mujeres tiene que ser compatible con el equivalente de las licencias del hombre, para que después no sea un impedimento al ingreso de las mujeres en el mercado laboral”.
A su turno, Estela Díaz coincidió en que “la mayoría de los aspectos” del proyecto “son declarativos, sin mucha sustancia que transforme la desigualdad”, ya que “declarar igual salario por igual trabajo ya lo dice la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios de la OIT”.
La secretaria de Género de la CTA de Yasky manifestó su apoyo al proyecto de la diputada Vanesa Siley (Frente para la Victoria-PJ), que fue consensuado con mujeres de todas las centrales obreras.
En ese marco, consideró que “la brecha salarial es uno de los datos más resistentes a la transformación”, pero el proyecto del Ejecutivo “ni siquiera contempla sanciones” por discriminación a la mujer.
“Las mujeres somos las más castigadas porque somos las que cuidamos a los niños, a las niñas, a las personas mayores y a los enfermos. Este proyecto no contempla ningún tipo de licencia en ese sentido, y los aspectos que contempla son únicamente a cargo de las trabajadoras: 30 días que nos podemos tomar después de la licencia por maternidad, pero sin cobrar”, cuestionó.
Díaz también criticó que se propongan 10 días fijos -sin ningún tipo de flexibilidad- de licencia por violencia de género, y finalmente abogó por que “se sancione una ley que en verdad amplíe licencias y que incluya políticas de cuidado que de verdad impacten en la vida de las trabajadoras”.
La tercera y última en exponer fue Dora Martínez, quien denunció que “este proyecto se condice con las políticas que viene teniendo este gobierno desde que asumió: es un proyecto flexibilizador, que sigue planteando un modelo de Estado empresarial para pocos, donde se desfinancia la seguridad social, se desfinancia la salud pública, la previsión y la educación”.
Además, advirtió que “se remite a una cuestión binaria en vez de tener un reconocimiento, en estos tiempos, a las diferentes construcciones de género”, dado que “están poniendo en resguardo el modelo patriarcal, que no plantea el respeto a la diversidad”.
Martínez coincidió con Daer en que el teletrabajo es “una modalidad que viene a perpetuar la precarización laboral”.
En tanto, alertó que el Gobierno “no convocó a ninguna organización sindical” para la elaboración de esta iniciativa, lo cual demuestra “el desprecio” de esta gestión “por la lucha de la clase trabajadora”.
“No nos extraña que intenten poner un título que puede ser atractivo para no proponer modificar políticas de raíz”, concluyó la secretaria adjunta de la CTA que dirige Pablo Micheli.
La comisión volverá a reunirse en los próximos días para recibir a organizaciones de la sociedad civil que también aportarán su visión sobre el tema.
