Los mercados dieron finalmente tregua y el tema cambiario pareciera haberse encarrilado. El acuerdo próximo con el Fondo aporta calma y ahora la política tendrá que hacer lo suyo con la aprobación del Presupuesto. El gobierno es optimista, sus legisladores cautos.
Por José Angel Di Mauro
Se asustaron en serio. Recién les volvió el alma al cuerpo a varios sobre el final de la semana, cuando por primera vez en mucho tiempo los mercados comenzaron a dar señales de interpretar que el apoyo del FMI es lo suficientemente incondicional como para garantizar que la Argentina no volverá a entrar en default. El riesgo país bajó y los bonos argentinos comenzaron a recuperarse. Pero no es suficiente para recobrar un optimismo que era para ellos una marca de origen, rayano en la suficiencia.
Figuras de peso de Cambiemos, pero sobre todo del PRO -porque los aliados siempre conservaron cierta distancia a partir de saberse raleados de la información de primera mano-, sorprendían los últimos días con una inédita cautela extrema. En rigor, todavía asustados por los tiempos complejos recientes y por las consecuencias que deparará la crisis.
Una alta fuente del oficialismo, soslayada oportunamente por su gobierno, pero vuelta a escuchar cuando el estallido de la crisis, no se preocupó de ocultar ante este medio su temor por la magnitud del problema. Ante la consulta sobre cómo el tema afectará las posibilidades electorales de Cambiemos, movió la cabeza de manera negativa y aclaró, contundente, que no es tiempo de pensar en elecciones, sino de ver cómo salir de la crisis.
Otro funcionario -que no es nacional, pero sí de una de las administraciones más importantes de Cambiemos- fue también crudo en su diagnóstico, más allá de las señales positivas de los mercados: “El problema es político”, sintetizó, en línea con la postura que mantiene la autoridad máxima del distrito al que pertenece.
Este es un respiro económico, no político, es la síntesis de un pensamiento muy extendido en el seno del oficialismo, donde también son conscientes de que la volatilidad extrema de nuestra economía pone al país en una zona de riesgo que lo hace pasible de que cualquier temblor vuelva a desatar aquí un terremoto. En esos sectores lucen preocupados porque entienden que el jefe de Gabinete, si bien se corrió del área económica, sigue influyendo en demasía en la política. Claramente difieren con su postura, que es la que privilegia el Presidente.
Amén de esas tribulaciones, hoy por hoy el gobierno está obsesionado por lograr la aprobación del Presupuesto, en tiempo y forma. Porque sabe que cualquier alteración que pueda surgir en el plano interno en ese debate podría generar consecuencias en la pax cambiaria alcanzada los últimos días. Por si quedaban dudas, lo exteriorizó el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, quien en conferencia de prensa respaldó el jueves el proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno argentino, señalando que “es una parte fundamental del plan de las autoridades para fortalecer la política económica y promover la confianza”.
Queda claro entonces lo excluyente que significa para el gobierno la aprobación del Presupuesto, pues cualquier tambaleo en ese tratamiento podría repercutir en la visión que el FMI tiene del manejo de la relación del gobierno con la oposición. Y ni qué decir de cómo podría afectar los mercados.
Si bien personajes centrales de lo que han sido las negociaciones previas por el Presupuesto, como Rogelio Frigerio, son muy optimistas respecto de lo que vaya a pasar con la ley de leyes, las figuras clave del oficialismo que manejarán el tema en el Congreso exhiben la mayor cautela. Ya tuvieron en el arranque del debate formal en comisión un pantallazo del ánimo con el que la oposición aguarda el proyecto. Allí, un retraso del ministro de Hacienda en presentarse ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda desató una enorme polémica, llena de cuestionamientos y advertencias. La presidenta de un bloque clave como el Frente Renovador, Graciela Camaño, no dudó en ese contexto en advertirle a los diputados del oficialismo que “esto no es un trámite”, para achacarle a continuación a Cambiemos que “les está yendo la gobernabilidad en este presupuesto”.
Al gobierno con los votos propios no le alcanza para aprobar el proyecto en Diputados. Tampoco con los de bloques provinciales que pueda sumar. Como ha sucedido con otras leyes, necesita la anuencia del interbloque Argentina Federal, cuyo jefe admite en privado que sus miembros votarán divididos. El bloque sigue los designios de los gobernadores y no todos están alineados con las urgencias del gobierno nacional. Y el bloque massista muestra los dientes, como ya se ha visto con Camaño, y los diputados que ya dejaron entrever sus posturas han sido muy críticos.
Con todo, una fuente del oficialismo confió a este medio que esperan tener 135 votos. Una cifra exigua pero suficiente, aunque para llegar a ese número necesitarán una treintena de votos de la oposición. Una alta fuente del oficialismo en Diputados señaló a este medio que “esperamos que haya Presupuesto” y que tanto el Legislativo como el Ejecutivo estén a la altura para poder lograrlo. Ese legislador apuntó que “algunos lo votarán por convicciones provinciales”; otros no lo harán, aunque “saben que es una herramienta clave para el gobierno”.
“Nosotros no estamos preocupados por los discursos, sino por el Presupuesto”, aclaró otro legislador del interbloque Cambiemos, que anticipó que evitarán entrar en provocaciones. “Hay que ser prudentes, cuidadosos”, señaló.
Asimismo apuntó que “el esfuerzo está puesto en que se apruebe en general, pero sobre todo en particular”. Y en ese sentido precisó que sería una derrota para el gobierno que “nos volteen 20 artículos sustanciales del proyecto”.
Los diputados del oficialismo prefieren “no hablar de fechas” para el tratamiento del proyecto, aunque ha trascendido que quisieran firmar dictamen el martes 2 de octubre y votarlo el 10 en Diputados. Esos serían los plazos de mínima; un cálculo más ajustado prevé que la media sanción podría estar el 24 de octubre.
Pero además del Presupuesto, el gobierno querría que ese mismo día se convierta en ley en la Cámara baja la adenda fiscal que están firmando los gobernadores. Se trata de las modificaciones al Consenso Fiscal suscripto el año pasado, y que ahora está siendo firmada por los mandatarios provinciales que de a uno vienen desfilando por la Casa Rosada los últimos días. Frigerio ha conseguido hasta ahora las firmas de 14 gobernadores, y el gobierno querría tener las de algunos más antes de mandar el proyecto correspondiente al Senado. Las rúbricas de los gobernadores representan para el gobierno “el verdadero compromiso político” de la oposición para colaborar en la salida de la crisis. La postura de esos mandatarios es la que esperan ver reflejada en sus legisladores, de ahí que aguarden asegurarse las rúbricas de aquellos que vienen demorándose en concurrir a la Rosada para tal fin.
La cautela a la que hacíamos referencia de parte del oficialismo con la oposición es la que trataron de no modificar el jueves cuando la oposición se impacientó ante la ausencia del ministro Dujovne. Pero la mayor señal de que el gobierno busca evitar generar grietas con la oposición fue la decisión de dar marcha atrás con dos decretos. El 11 de septiembre restableció los beneficios en asignaciones familiares que había eliminado con el decreto 702/18, desactivando así la sesión pedida por la oposición en Diputados para el día siguiente. Y el martes pasado evitó la sesión prevista también para un día después con el fin de rechazar el DNU que eliminó el Fondo Sojero. Lo hizo al anunciar el giro de 4.125 millones de pesos a las provincias para terminar las obras en marcha. Evitó así sendos traspiés en un Congreso cada vez más hostil.
Todo sea con tal de evitar renovados roces con la oposición y mantener en la medida de lo posible los recintos de ambas cámaras cerrados, a la espera exclusiva de los temas que interesan al gobierno.
En este contexto el juez Claudio Bonadio dispuso el previsible procesamiento, embargo y dictado de prisión preventiva para la expresidenta Cristina Kirchner, y el resto de los involucrados en la causa de los cuadernos. La medida reafirma las intenciones de la hoy senadora de ser candidata presidencial el año que viene. Lo cual implica que deberá matizar sus actos de campaña con presentaciones en Tribunales. De ahí que decidiera parangonarse con Lula, planteando en el escenario internacional su situación judicial como una persecución política. A diferencia del expresidente brasileño, ella sí podría ser candidata, aunque su figura genera una resistencia que hasta ahora le haría irremontable ganar un balotaje. Supuestamente. En cualquier caso, carece de un Fernando Haddad que pudiera ocupar su rol y serle funcional.
Cristina es demasiado desconfiada para eso.
