Fue en el marco de un ciclo organizado por la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y la Bicameral de Derechos de Niño.
Por iniciativa de la Bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, se realizó la primera jornada de un ciclo que tiene como objetivo abordar una reforma de la Ley de Adopción.
La diputada Carla Carrizo (Evolución), vicepresidenta de la Bicameral, destacó el panel como un “punto de partida” para la actualización de la ley actual, con la premisa de que “los niños sean tratados como sujetos de derechos”.
Carrizo se refirió a la tarea de acelerar los plazos de la adopción ya que “los niños no tienen por qué padecer el mundo de los adultos”, y por otra parte llamó a “desmitificar la figura de los adoptantes asociándolos con la biología, porque la identidad es dinámica y se construye”.
Alejandra Martínez, titular de la Comisión de Familia, distinguió el “trabajo conjunto y la construcción de consenso en una tarea mancomunada con la sociedad civil respecto a este tema”.
A su vez, la radical repasó las leyes que sirvieron como antecedentes para este tema, como la quita de responsabilidad parental para femicidas y la “Ley Brisa”, y en ese sentido abogó por “nuevos paradigmas en materia de infancia”.
En tanto, Roberto Candiano, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó que esta discusión es un punto inicial y apostó a la “deconstrucción desde lo institucional y desde lo cultural del tema de la adopción”.
A su vez, aportó datos sobre familias inscriptas en el registro de adopción: “Son 5.465 inscriptas, de las cuales el 90% quieren adoptar niños de hasta un año, 15% hasta ocho años de edad y sólo el 0,8% niños de 12 años”.
La diputada Silvia Lospennato (Pro) expresó que hay que “poner este tema en la agenda pública, porque que es una demanda y tenemos obligación de hacerlo por nuestros niños, que son el futuro”.
Victoria Famá, jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 92, hizo hincapié “en los niños más vulnerables, que son los adolescentes y en los niños discapacitados” y propuso un cambio en el que el “eje sea el niño y no los adultos”.
La magistrada se mostró en contra de cambiar los plazos porque “es poco para revertir situaciones” de la adopción plena y puso énfasis en el rol del Estado como tutor y garante de los niños, porque de esta manera “le da transparencia al sistema judicial”.
En la misma línea, Gustavo Herrero, abogado y exdirector de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas, consideró que hay “muchos conceptos en los que hay que revertir la mirada”.
Herrero precisó que “el registro se creó en 2003 y recién en 2016 se adhirió la última provincia. Así logramos una red federal de registros, con criterios consensuados, pero llevó mucho tiempo”.
Alejandro Siderio, juez a cargo del Juzgado Nro. 82, hizo referencia al tráfico infantil al advertir que “los bebés están saliendo por sectores clandestinos y el Estado llega tarde”.
El subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de la provincia de Buenos Aires, Facundo Sosa, comentó que “lo preocupante es una vuelta atenuada a prácticas de patronato”.
“Tenemos que implementar un nuevo sistema administrativo, fortalecerlo y trabajar con servicios locales”, describió el funcionario.
Por último, Silvia Stuchlik, de la Asociación CEDEM, abrió interrogantes sobre “si es un problema de la ley, del sistema de protección de derechos o de ambos”.
