Se trata de un proyecto de la radical Alejandra Martínez que busca incorporar a la “dignidad digital” entre los derechos protegidos de las mujeres.
La diputada nacional Alejandra Martínez (UCR), que preside la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presentó un proyecto de ley que amplía la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, para proteger a las mujeres de la “violencia digital”.
La iniciativa busca incorporar a la “dignidad digital” entre los derechos protegidos de las mujeres contemplados en el artículo 3 de la norma actual.
Se define a la “violencia digital” como “la que afecta la dignidad digital de las mujeres al lesionar alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusión digitales, o afecta cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad informática de sus equipos y dispositivos y la indemnidad de su identidad digital”.
A su vez, el proyecto incorpora como nueva modalidad de violencia contra las mujeres a la “violencia telemática”, es decir, “aquella ejercida con la asistencia o a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como por ejemplo los teléfonos celulares, la Internet, las plataformas de redes sociales o el correo electrónico”.
En los fundamentos, Martínez explica que “si bien las TIC son recursos de gran impacto favorable en el ejercicio de los derechos de las mujeres por fuera del histórico desenvolvimiento que han tenido como colectivo, y principalmente para su facilitación y promoción, también resultan propicios para el disciplinamiento, la desacreditación, la descalificación, la desvalorización, la degradación y la afectación de todo aspecto que las constituye en personas”.
“Esto es debido a que el entorno virtual es un espejo de las relaciones de poder que en el mundo analógico padecemos o -dicho en otros términos-, las relaciones representativas de discriminación, subordinación, ejercicio de poder y violencia en múltiples aristas”, sostiene la legisladora radical.
El proyecto fue acompañado con las firmas de los diputados Silvia Lospennato (Pro), Carla Carrizo (Evolución), Claudia Najul, Lorena Matzen, Facundo Suárez Lastra y Fabio Quetglas (UCR).
