La legisladora nacional Lucila Masin criticó el nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades para pensiones, y señaló que impulsará el tratamiento de su proyecto en la Comisión de Seguridad y Previsión Social.
Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el nuevo “circuito administrativo” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la diputada nacional Lucila Masin se refirió a su proyecto de ley sobre Pensiones No Contributivas, que aguarda tratamiento desde principio de año en la Comisión de Seguridad y Previsión Social, presidida por el oficialismo.
Mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial el 26 de septiembre (N°268/2018), se permitirá la baja automática de más de 100 mil pensiones no contributivas.
En este contexto, la diputada nacional por la provincia del Chaco declaró que ha presentado un proyecto de ley junto con su par rionegrino Martín Doñate, para garantizar el “derecho inherente” a la condición de discapacidad de percibir una pensión no contributiva, además de declararlas como inembargables e intangibles.
“Es una respuesta concreta a las necesidades de las personas con discapacidad”, afirmó al respecto la legisladora, y señaló que buscan derogar el antiguo decreto 432/97 el cual, “basado en una visión médico asistencialista, restringe las condiciones de acceso a las pensiones”. Destacó que “hoy debemos ponderar el modelo social de la discapacidad y garantizar su acceso mediante una ley sancionada en el Congreso de la Nación”.
La legisladora nacional explicó con este proyecto se busca “cumplir con lo establecido” en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir “garantizar su derecho a la autonomía y a ser incluidos plenamente en la sociedad”.
Sobre la baja automática de pensiones dispuesta por el Gobierno nacional, Masin manifestó que “es una realidad que se viene padeciendo desde hace casi dos años y medio debido a una decisión totalmente cínica de parte del Gobierno nacional. Una situación dramática para miles de personas con discapacidad que dependen de su pensión y que se han quedado sin este derecho”.
Por esto, consideró que debe ser urgente el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso, y aseguró que es necesario establecer un marco regulatorio para dichas pensiones: “Cada minuto que dilatamos la discusión, estamos desplazando a las personas con discapacidad de la sociedad”, afirmó. Y concluyó que “es necesario trabajar para que la discapacidad trascienda los mandatos políticos y se convierta en una política de Estado”.
