En la sesión de este jueves, la Legislatura sancionó con 33 votos positivos y 24 negativos el nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad, a través del cual se mejoraron las herramientas de las que disponen los jueces y permitirá afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local.

La medida contó con el acompañamiento de Vamos Juntos y el rechazo de PTS, AyL, PO, PS, BP, GEN, MC, Evolución y UC.

El nuevo Código incorporara los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos de los casos judiciales; también se elude al concepto de victima, precisándose los alcances de la facultad de querellar cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, o cuando éste se encuentre materialmente impedido para hacerlo.

Además, el texto agiliza el trámite por el cual la Cámara de Apelaciones resuelve las recusaciones de los jueces de primera instancia y contempla la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para la protección de las víctimas y testigos. Sobre esa misma línea, la normativa establece que las notificaciones y las vistas pueden ser a través de medios electrónicos; es por ello que para los testigos residentes a más de 100 kilómetros de la Ciudad se podrá utilizar un sistema de videoconferencias.

La Ley impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, agrega el apartado “Medidas especiales de investigación”, a los fines de brindar herramientas modernas para agilizar la investigación. Es así que se incorporan medidas de investigación tales como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada como así también sus implicancias procesales.

Por otro lado, se determinan diversos supuestos a los fines de determinar el peligro de fuga, siendo uno de ellos la existencia de una sentencia condenatoria a una pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento. Asimismo, se adaptan los plazos al trámite que insumirán los casos judiciales que se iniciarán ante la justicia de la Ciudad.

Cabe destacar que de la medida se eliminó el capitulo en el que se preveía incorporar la vigilancia acústica, la vigilancia remota sobre equipos informáticos, vigilancia a través de equipos de captación de imagen, la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización, estableciendo las condiciones de registro y resguardo para garantizar su inalterabilidad y la cadena de custodia.

El debate

Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (VJ), consideró que “este Código es el resultado del esfuerzo del trabajo coordinado entre la oposición y las Comisiones” y remarcó que “se apunta a una agilización, modernización y la protección integral de las víctimas; también proponemos nuevas herramientas de investigación”.

“La intención de la reforma es profundizar en un Código ágil, dinámico, con principios de notoriedad, publicidad, concentración en los actos y de inmediatez. Queremos tener una justicia rápida, que dé respuestas rápidas y no de juicios eternos; queremos que sea de fácil acceso”, señaló y sentenció que “todos los Códigos Procesales del país, tanto de Nación como de las provincias, prevén las intervenciones telefónicas”.

A su turno la legisladora de PTS Myriam Bregman manifestó que “los cambios que se hicieron el miércoles a la noche no fueron hechos para consensuar con la oposición, lo hicieron porque los diputados de Vamos Juntos no quisieron votar esto” y advirtió que “este Código ataca derechos, libertades y garantías; pero tiene el objetivo de implementarse en esta ciudad, que es el epicentro de las protestas sociales”.

“Por eso es tan importante para Cambiemos aprobar esto, no es casualidad, están en el epicentro político del país”, denunció e insistió en que “nos quieren robar todos los derechos, la libertad de expresión y nuestra posibilidad de manifestarnos; esto es inconstitucional, es muy abusivo, quieren controlar y especiar a quienes viven y transita esta Ciudad”. Además, apuntó contra el oficialismo al asegurar que “con caretas tendrían que haber venido a votar esto y con caretas van a tener que salir quienes lo acompañen”.

Por su lado el diputado de AyL Fernando Vilardo afirmó que “repudiamos esta medida ya que es profundamente regresiva” y preguntó “¿cuál es la urgencia de sacar este proyecto?”. Sobre esa misma línea, explicó que “la población tiene que tomar en sus manos la lucha por la defensa de los derechos democráticos, este proyecto los vulnera, está dirigido en contra de los ciudadanos”.

“No existe la justicia ecuánime, existe la justicia para los poderosos; sin embargo, nos llenan las cárceles con personas que no tienen condena, pero siguen presos”, agregó y concluyó que “esto va en contra de los intereses del pueblo, sin ninguna duda”.

A su turno, el trotskista Gabriel Solano (PO) consideró que “la Ley revela el propósito que tiene el Gobierno de la Ciudad y es el de aumentar el poder represivo” y manifestó que “nadie puede olvidarse que habían presentado un proyecto que era aún más represivo que el que estamos tratando hoy”.

“Sacaron los artículos relacionados a la vigilancia remota, pero ya nos advirtieron que van a buscar avanzar en ese sentido”, argumentó y aseveró que “este proyecto le da más poder a la justicia, la policía y al Gobierno para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos y las organizaciones sociales”.

Asimismo, el socialista Hernán Arce (PS) precisó que “el texto que estamos tratando fue modificado en las últimas 16 horas, nos llega una propuesta de último momento, nosotros solicitamos que vuelva a Comisión para continuar con el debate” e insistió en que “teníamos tiempo para seguir debatiéndolo, recién a principios del año que viene se van a traspasar los delitos”.

Por su lado el oficialista Claudio Congolani (VJ) señaló que “hemos escuchado a las organizaciones sociales, que nos plantearon sus propuestas y llegamos a un despacho que vislumbra un código acusatorio moderno que contempla los delitos que han sido transferidos de la Nación a la Ciudad”.

“Estamos ante un Código moderno garante y eficaz para una mejor Justicia en la Ciudad”, destacó y subrayó que “lo novedoso son las nuevas medidas especiales de prueba y su aplicación para delitos taxativamente enumerados (narcomenudeo; corrupción y prostitución de menores; proxenetismo y pornografía infantil; grooming) que son delitos que justifican una investigación compleja del hecho que debe estar fundada sobre la base de los principios de necesidad, razonabilidad y subsidiariedad, es decir si no queda otra, y todo esto bajo pena de nulidad”.

En contraposición la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, consideró que “es grave que el oficialismo saque este proyecto sin escuchar las objeciones de la oposición y de todos los funcionarios que se han expresado en las reuniones de Comisión”; mientras que el peronista Santiago Roberto subrayó que “las modificaciones propuestas arrasan con los derechos de privacidad e intimidad de los vecinos de la Ciudad”.

Sobre esa misma línea, el jefe de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, afirmó que “este proyecto tiene el consenso de la oposición en su rechazo” y reconoció que “sabemos y creemos que en el contexto del traspaso de competencias es necesario realizar cambios en el Código, pero que respeten las garantías constitucionales no con este texto”.

Además manifestó que “no se han alcanzado concesos reales, no es sólo una cuestión de reunirse. ¿por qué no sostener un debate más amplio?” y concluyó que “el despacho de mayoría que se firmo el viernes pasado era inadmisible, se comprometían seriamente principios, derechos y garantías individuales y colectivas”.

Finalmente, el legislador de Evolución Leandro Halperín recordó que “estamos hablando de derechos y ninguno es absoluto, en ocasiones pueden ceder para dar lugar a la justicia”, aunque reconoció que “hay límites, pasos y formas que el Estado tiene que respetar para alcanzar la verdad judicial”.

“No es posible prevenir todos los delitos y el Estado fracasa, llega tarde; ahí es donde anteviene la justicia. Tenemos un buen Código Procesal, esto que incorporemos tiene que mejorar lo que ya existe; coincidimos con varios de los puntos expresados en esta Ley”, destacó y sentenció que “incorporar al Código la figura de ‘victima’ es algo para celebrar pero, lamentablemente, avanza poco en los derechos de estos; también falta la reglamentación de un juicio por jurados, algo que está contemplado en nuestra Constitución”.