La diputada nacional Aída Ayala anunció que aceptará que la Cámara baja le quite los fueros para “ponerse a disposición de la Justicia” en la causa donde se la investiga por la renegociación de contratos para la recolección de residuos cuando era intendenta de Resistencia, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el pedido de prisión preventiva.

Según supo parlamentario.com, Ayala tomó la decisión tras discutirlo con el jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y el abogado Ricardo Gil Lavedra, quienes dieron su aval.

La legisladora por Chaco emitió un comunicado donde anunció que, si la jueza Zunilda Niremperger vuelve a requerir su desafuero, aceptará que la Cámara de Diputados la suspenda tal como se hizo en octubre de 2017 con el exministro de Planificación Julio De Vido.

Ayala se basa en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que establece que “cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

“Con el propósito de cumplir el compromiso político que me une con la gente que represento y lo que ha sido una práctica en mi vida política, manifiesto públicamente que solicitaré a mis pares en la Cámara de Diputados de la Nación que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia”, informó la radical.

Y agregó: “No me escudaré en los fueros parlamentarios. Esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde: los tribunales de Justicia”.

“No hay ninguna prueba”

Si bien manifestó que aceptará ser desaforada, Ayala se defendió de las acusaciones y sostuvo que la Cámara Federal confirmó “sin ninguna prueba” el procesamiento y la prisión preventiva que había dictado la jueza de primera instancia.

La diputada de la UCR recordó que se la acusa de supuestas irregularidades en la contratación del alquiler de camiones de residuos en la ciudad de Resistencia, “que actualmente siguen contratados en esta gestión con el mismo instrumento”.

“El fallo no tiene nada que lo sustente. Cualquiera que lo intente puede comprobar si los Jueces pudieron acreditar lo siguiente: si yo me beneficié patrimonialmente; si tengo alguna vinculación concreta, pacto y/o compromiso con las empresas intervinientes (se sostiene que me he valido de Daniel Fischer y la relación más cercana que hemos tenido fue cuando era novio de mi hija hasta el año 2006); si se ha verificado un sobreprecio; y si se ha producido un incumplimiento en el servicio”, explicó.

Por eso, insistió: “No hay ninguna prueba en el expediente, repito: ninguna, de que se hubiera modificado mi patrimonio, así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o sobre precio en el contrato, que sigue actualmente en vigencia”.

“Entiendo que la sentencia es groseramente arbitraria, no apoyándose en ninguna constancia de la causa. Oportunamente interpondré los recursos que correspondan para que sea modificada”, avisó Ayala.