Para los legisladores que responden al gobernador Schiaretti, la medida afecta a los usuarios del interior, en desmedro de los del Area Metropolitana de Capital Federal y el GBA.
Los integrantes del bloque Córdoba Federal reclamaron sostener la vigencia de las compensaciones tarifarias para el transporte público urbano, asegurando que al existir partidas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 destinadas a ese servicio, el mecanismo de distribución de las mismas debe determinarse por ley, utilizando coeficientes de coparticipación federal para cada provincia.
Advirtieron en ese sentido que no aceptan que esas partidas se distribuyan “discrecionalmente” a propuesta del Ministerio de Transporte de la Nación.
A través de un comunicado, los diputados del bloque Córdoba Federal advirtieron que “la anunciada y proclamada quita de subsidios al servicio público de transporte efectuada por el Gobierno Nacional no se correlaciona con una baja del déficit de las cuentas públicas, sino con una utilización de estos fondos provenientes, fundamentalmente, del impuesto al gasoil para ahondar la diferencia entre el transporte del AMBA – CABA y el resto de las jurisdicciones provinciales”.
En ese sentido señalan que para el año 2019 se han previsto gastos totales por la suma de $ 72.251,6 millones para el área de Transporte, tal cual expresa el cuadro del Capitulo VIII del Presupuesto que el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Transporte.
Según el mismo, los cordobeses estiman que el Gobierno nacional proyecta dentro de los gastos corrientes las erogaciones destinadas al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que son los subsidios dentro de los cuales se paga al interior. Sin embargo, mientras dicen eso, en ese mismo Capitulo VIII derogan el artículo 5 del Decreto 652 del año 2002 y concordantes donde se dispone la concreción de acuerdos firmados entre el Estado Nacional y las provincias. Allí, se estableció la obligatoriedad de incluir en los subsidios nacionales a todas las líneas provinciales y/o municipales afectadas al servicio público por automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones para garantizar la prestación de los servicios dada la emergencia del sector.
“Esto permitiría pensar que el gobierno considera que ya no se está en emergencia -hoy más arraigada que nunca-, y que el dinero que se le pretende quitar al interior será aplicado sólo a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, lo que hasta ahora ya se viene haciendo con fondos del Impuesto al Gasoil más recursos del presupuesto nacional por resultar insuficientes debido a las grandes sumas que se les otorga a las empresas de la Ciudad y del Gran Buenos Aires”, señalan los diputados Martín Llaryora, Alejandra Vigo, Juan Brügge y Paulo Cassinerio. De este modo, agregan, “se pretende sacarle fondos a las provincias para seguir beneficiando a las compañías que tienen la mayor cantidad de pasajeros transportados por kilómetros del país y de Latinoamérica. Al tiempo que, en el interior, se recorren más kilómetros con menos pasajeros. Esto hace imperante la necesidad de cambiar la actual realidad”.
“En síntesis, de los $ 48.218,8 millones que ingresarán (proyectados) por Impuestos al Gasoil se le sumarán $ 24.000,0 mil millones que en el Presupuesto se destinan a las actividades de un nuevo programa denominado ‘Implementación de la Tarifa Social en el Transporte Automotor de Pasajeros’ e ‘Implementación del Régimen de Compensación del Transporte Automotor’. Todo esto el Gobierno Nacional ya lo viene realizando sin ninguna ley que lo sustente, aunque ahora lo pretenden legalizar desde el Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Transporte. Ello significa que no existe asignación del Presupuesto proveniente de ingresos por aporte del Tesoro Nacional para el Interior, quedando una masa de 72 mil millones de pesos como un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Transporte, lo utilice como quiera”, puntualizan los legisladores cordobeses. De esta manera, agregan, “se deja a la deriva de los vaivenes económicos tanto a los Estados Municipales y Provinciales como a las empresas prestarias del servicio publico de transporte del interior. Y lo mas grave: dejan solos y abandonados a los usuarios del servicio”.
Los diputados del bloque Córdoba Federal interpretan que se está frente a “una flagrante injusticia e inequidad que afecta al Sistema Federal y, en especial, a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros del interior del país, quienes abonan una tarifa evidentemente más cara que la que afrontan, gracias a los beneficios que reciben, los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires”.
Por otro lado, se dispuso por ley que el Impuesto al Gasoil -de aplicación específica- tenga vigencia hasta el año 2024. No obstante, señalan los cordobeses, “vemos que el proyecto de Presupuesto 2019 prevé un excedente que debería ser coparticipable a las Provincias, por aplicación del artículo 75 inciso 2 primer párrafo de la Constitución Nacional. Sin embargo, distinto será su destino”.
