La senadora justicialista Sigrid Kunath sostuvo que la medida fue dictada “sin la mínima sensibilidad social” y alertó que “agrava la difícil y desesperante situación” de familias y comerciantes.
Se sumó un nuevo proyecto para intentar frenar la polémica resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía. Este martes la senadora Sigrid Kunath presentó una iniciativa que propone derogar la medida que autoriza a las empresas de gas a cobrar un importe extra a los usuarios, en 24 cuotas y a partir del 1° de enero de 2019, para compensar el impacto de la devaluación en sus balances.
“Una vez más el Gobierno nacional arremete contra los usuarios con el objeto de compensar y evitar pérdidas a los sectores empresarios concentrados, disponiendo que sean los consumidores quienes financien a las empresas para que recuperen el costo de la corrida del dólar que afectó sus ingresos”, enfatizó la legisladora del bloque Justicialista.
La entrerriana señaló que “el gas tuvo una suba de entre el 30 y 35% en su tarifa aplicada desde el 1° de octubre y si le sumamos estas 24 cuotas, solo agravan la difícil y acuciante situación de amplios sectores de la población”.
“Esta resolución forma parte de una serie de medidas llevadas adelante por el Gobierno nacional, que son dictadas sin la mínima sensibilidad social y que perjudican de manera directa al conjunto de la población”, continuó.
Para Kunath, “el panorama actual es acuciante para muchas familias y comerciantes, quienes se ven en la difícil situación de decidir, en el mejor de los casos, pagar los servicios sacrificando la satisfacción de ciertas necesidades básicas. En consecuencia, medidas como esta, solamente agravan la difícil y desesperante situación que están viviendo muchas personas”.
La senadora remarcó además que “no sólo es un aumento a futuro, sino que también avanza sobre conceptos ya pagados por los usuarios, haciéndolos responsables de los vaivenes económicos dispuestos por el Ejecutivo de turno”.
“Con la presentación de este proyecto de ley, queremos poner freno a una decisión claramente perjudicial para los sectores populares y que además genera una gran incertidumbre a los usuarios de este servicio público, al sumarle otra cuota de imprevisibilidad a la economía argentina”, concluyó.
