En una nueva sesión, la Legislatura porteña debatirá este jueves desde las 11 una serie de cambios en esa normativa, a fin de procurar que el superior jerárquico revise las sanciones conminatorias que aplican los magistrados judiciales a fin de confirmarla o revocarla.
En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad debatirá este jueves desde las 11 modificación del Código Contencioso, Administrativo y Tributario se procurará que el superior jerárquico revise las sanciones conminatorias que aplican los magistrados judiciales a fin de confirmarla o revocarla.
El proyecto fue impulsado por los diputados Daniel Presti, José Luis Acevedo, Ariel Álvarez Palma, Claudio Cingolani, Maximiliano Ferraro, Agustín Forchieri, Diego García De García Vilas, Victoria Roldán Méndez y Quintana (VJ) y resultó despachado por la Comisión de Justicia.
Actualmente, el artículo mencionado establece la facultad que tienen los magistrados judiciales de aplicar sanciones conminatorias en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción del organismo de la Administración Pública que ha incurrido en incumplimiento al requerimiento judicial. Es importante tener en cuenta que la aplicación de dichas sanciones, en algunos casos, pueden resultar injustas y/o arbitrarias. Por ello, los legisladores entienden que “resultaría prudente modificar este artículo a fin de que en forma rápida y ágil, el superior jerárquico pueda revisar dicha medida, a efectos de confirmarla o revocarla”.
Otra de las preferencias a considerar en primera lectura pretende autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar una concesión de uso a título gratuito al Estado Nacional respecto a una superficie por el plazo de cien años y mientras dure su afectación al funcionamiento de la sede en la República Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo -BID.
El emplazamiento se proyecta en un predio del dominio de la Ciudad, “por lo que deviene necesario autorizar la concesión de uso a título gratuito al Estado Nacional, y a su vez, que esta pueda ceder dichos derechos al BID a los fines de poder dar cumplimiento con la construcción del “Edificio Puente BID”, expresan los fundamentos del despacho conjunto de las Comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto sobre una iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La obra de infraestructura comprende la construcción de un puente peatonal con oficinas en su interior y un parque público que conectará el macrocentro con el Barrio 31 y 31 bis. Estará emplazado por sobre las vías del ferrocarril y ocupará superficies de dominio del Estado Nacional y de la Ciudad.
En el temario también está incluido en primera lectura el proyecto de ley que apunta a la re-urbanización del Barrio “Padre Carlos Mugica”, su integración con el resto de la Ciudad y la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado en el marco de las disposiciones de la Ley N° 3.343. El despacho de las Comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto se elaboró sobre el expediente de autoría del Jefe de Gobierno; previamente hubo una iniciativa particular de Amalia Aima hecha propia por los diputados Javier Andrade y Paula Penacca (UC).
También se debatirá en primera lectura autorizar al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación, por única vez y por un plazo de hasta treinta los espacios ubicados en el Centro comercial “Buenos Aires Design”. La autorización sería a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, por el plazo máximo de dos años o hasta tanto se adjudique la nueva concesión, lo que ocurra primero.
Los fundamentos de las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto expresan que “la magnitud y características edilicias del predio y del edificio existente, y el consecuente monto de las inversiones que el concesionario deberá efectuar en concepto de conservación, readecuación de instalaciones y gastos de explotación en general, que se planifican en función del mediano y largo plazo, resultan determinantes de la necesidad de ofrecer un marco temporal razonable que posibilite su adecuado desarrollo.
En ese entendimiento, resulta conveniente para la consecución del interés público comprometido, autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión de uso y explotación y/o de obra pública” el predio mencionado por única vez y por un plazo de hasta treinta años la parte material del inmueble “propiciando la concurrencia del mayor número posible de oferentes que redunde en la mejor oferta posible”.
