Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña aprobó -en primera lectura- con 38 votos a favor y 17 en contra una modificación al artículo 30 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. La medida contó con el acompañamiento de VJ y Evolución; mientras que lo rechazó GEN, UC, PTS, PS, PO y AyL.

De esta manera, se estableció que en el supuesto de que la sanción conminatoria sea aplicada a un funcionario estatal, la misma resultará apelable con efecto suspensivo hasta que el Tribunal de Alzada resuelva el recurso referente a la imposición de sanciones dentro de los cinco días hábiles de recibido el expediente.

Según sostienen los fundamentos de la medida, la misma encuentra su fundamento en que “la aplicación de dichas sanciones, en algunas ocasiones, pueden resultar injustas y/o arbitrarias” y sostiene que el fin de modificar ese artículo es en pos de que “en forma rápida y ágil, el superior jerárquico pueda revisar dicha medida, a efectos de confirmarla o revocarla”.

“Considerando la urgencia que dichas mandas normalmente contienen, se otorga un plazo perentorio de cinco hábiles para que el Tribunal de Alzada resuelva mantener o revocar el auto que impone la sanción”, remarcan los fundamentos de la medida que obtuvo despacho de mayoría en la Comisión de Justicia y sentencia que “se procura optimizar el sistema de aplicación de sanciones conminatorias, velando para que sea más efectivo y eficiente el cumplimiento de sentencias judiciales ordenadas a la Administración Pública local”.

Cabe recordar que la iniciativa había sido impulsada por los legisladores de Vamos Juntos Daniel Presti -presidente de la Comisión de Justicia-, José Luis Acevedo, Ariel Álvarez Palma, Claudio Cingolani, Maximiliano Ferraro, Agustín Forchieri, Diego García De García Vilas, Victoria Roldán Méndez y Francisco Quintana.