Cambiemos logró el apoyo de Argentina Federal, excepto de Diego Bossio, que no acompañó la iniciativa al igual que el Frente Renovador y el FpV-PJ. También se firmaron la adenda fiscal y el revalúo de ganancias de empresas por inflación.
El oficialismo consiguió este jueves el dictamen de mayoría del proyecto de ley para elevar la alícuota del impuesto sobre los Bienes Personales, una medida que permitirá aumentar la recaudación y compensar a las provincias por los recortes previstos para 2019.
Además de los miembros del interbloque Cambiemos, la iniciativa fue acompañada por Argentina Federal, a excepción del bonaerense Diego Bossio, quien lo consideró “un retroceso”. Tampoco acompañaron el Frente para la Victoria-PJ y el Frente Renovador.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, Bossio se quejó de que “en los diarios dicen ‘el peronismo acuerda subir Bienes Personales’. ¿Qué peronista dijo que íbamos a aumentar los impuestos a los sectores medios?”.
Según el diputado, durante el acto por el Día de la Lealtad que compartió junto a dirigentes del PJ, habló con Miguel Pichetto, el jefe del peronismo no K en el Senado, y “no está de acuerdo”, como tampoco el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
“No es una propuesta nuestra aumentar el impuesto a los bienes personales. Creemos que es un retroceso. Un nuevo impuesto discutido en esta coyuntura no ayuda”, agregó.
A responderle salió el radical Luis Pastori, que remarcó que la decisión surgió del “Consenso Fiscal 2018, donde en los considerandos dice que se contempla presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley por el que se aumente la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”, además de suspenderse allí la cláusula del anterior pacto en el que se prohibía incrementar las alícuotas.
También respondió sobre el cuestionamiento de Bossio su par Jorge Franco, miembro de su mismo interbloque y uno de los autores del proyecto en cuestión. El misionero remarcó que “lo primero que se tuvo en cuenta fue la adenda fiscal firmada por los gobernadores”.
Defendió entonces que esta medida “va a permitir compensar, en parte, algunas decisiones que tomó el Gobierno nacional de sacarnos el subsidio a las tarifas sociales y todo lo demás; podemos discutir sobre leche derramada o podemos plantear soluciones para adelante”.
“Algunos podrán estar a favor y otros en contra, como debe ser y como funciona en democracia, pero lo que no podemos tener dudas en que en los momentos de crisis aquel que está un poquito mejor tendría que poner por el que está un poquito peor”, agregó Franco.
Desde el massismo, el legislador Marco Lavagna sostuvo que “los poderes ejecutivos no son los que fijan los impuestos; los impuestos se discuten en el Congreso tengan o no tengan una adenda fiscal”, la cual consideró “avasalla las atribuciones” del Parlamento.
Para el referente económico del FR, “no estamos hablando de los grandes patrimonios, le estamos pegando a la clase media” y ejemplificó que dos millones de pesos -cifra a la que se elevará el mínimo no imponible- equivale a 50 mil dólares, “o sea, un departamento de un ambiente en Capital Federal”.
“Los sectores de mayores ingresos, que tienen posibilidades de hacer fidecomisos afuera, quedan exceptos del pago de bienes personales. Se le está pegando muy fuerte a la clase media y al sector del campo. Es un error importante”, consideró.
Por el kirchnerismo, la diputada Fernanda Vallejos dijo que “a pesar de que se trata de un impuesto con un espíritu progresivo” la modificación del mismo “va a significar una nueva afectación sobre los sectores medios, e incluso populares”, porque “con estos montos, cuando uno eso lo proyecta en valores de dólares, la verdad que no hay nadie que pueda tener una propiedad, aunque sea un monoambiente, que no entre a ser gravado”.
En cambio, el presidente de la comisión, el macrista Luciano Laspina, insistió con que “esta es una de las propuestas de la adenda” y explicó que al duplicar el mínimo no imponible “justamente trata de generar más progresividad, sacar a la clase media precisamente del alcance de bienes personales”.
Además informó que respecto del proyecto original se modificará la presentación de la tabla progresiva y que se tome como parámetros para el pago de bienes personales las valuaciones fiscales de 2017 corregidas o modificadas por inflación. Laspina también aceptó que se establezca un tope de alícuota del 0,25% para los bienes rurales, a instancias de un pedido de Lavagna y el oficialista Pablo Torello (Pro).
Según el proyecto, el mínimo no imponible a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes pasa de los $1.050.000 pesos actuales a $2.000.000, y a su vez se establece un esquema de progresividad del tributo. Así, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.
En la reunión también obtuvo dictamen el Consenso Fiscal 2018, que se trata de la adenda fiscal firmada por 18 de los 24 gobernadores. Cambiemos y Argentina Federal, excepto Bossio, suscribieron, mientras que el FR, el FpV-PJ y la izquierda no apoyaron.
Otro de los proyectos del paquete económico que Cambiemos quiere aprobar junto con el Presupuesto 2019 es el que propone cambiar los parámetros del revalúo de Ganancias para empresas.
Según la ley sancionada el año pasado, las empresas podían ajustar por única vez sus balances cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años -hasta 2020-, o cuando en cada período se superara el 33% anual, lo que sucedió en agosto pasado.
Por eso, esta iniciativa toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lugar del IPIM, y busca que el ajuste por inflación pase del 33% al 55% para este año -aunque inicialmente estimaba un 40%-; al 30% para 2019 y al 15% para 2020.
Asimismo, se incorporó en este proyecto que “los organismos de contralor van a poder establecer mecanismos o una hoja de ruta de convergencia a la presentación de balances ajustados por inflación”, detalló Laspina.
Sobre este tema, Bossio se manifestó de acuerdo, porque “fortalece las arcas del Ejecutivo nacional y de las provincias que tienen muchas necesidades”, pero advirtió que “viene a poner un parche a la inestabilidad macroeconómica que vive la Argentina y a la inflación que será la más alta desde 1991 a la fecha”.
