Los diputados bonaerenses sancionaron un proyecto de ley, impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que establece un nuevo Código de Procedimiento Laboral en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa sancionada crea Cámaras de Apelaciones Laborales y Juzgados unipersonales en el fuero que históricamente tuvo Tribunales pluripersonales.
La iniciativa remitida por el Ejecutivo bonaerense forma parte de una reforma Judicial dada a conocer a principio de año por la cartera de Justicia y modifica sustancialmente la Ley de Procedimiento Laboral.
Llamó poderosamente la atención de los observadores el consenso que terminó cosechando la iniciativa concebida en los laboratorios que comanda el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, si bien se expresó que unas 60 modificaciones experimentó el proyecto de ley aprobado respecto del original remitido; en la Cámara de origen logró unanimidad y en Diputados, amplia mayoría.
El entendimiento alcanzado en la Cámara alta no pudo ser replicado en la Cámara baja, pues el flamante bloque del Frente Amplio Justicialista, un diputado massista y el titular de la bancada rotativa del FIT votaron en contra, mientras los diputados de UC-FpV se diferenciaron de sus pares senadores y solicitaron autorización para abstenerse en la votación; así el proyecto cosechó 63 votos positivos, 22 abstenciones y 5 negativos.
Se sabe sí que el fuero laboral de la provincia es uno de los más congestionados en un sistema judicial siempre al borde del colapso: solo en 2016 ingresaron 66 mil causas, y el promedio de tramitación de cada una oscila entre los dos y tres años. El 17 % que tienen sentencia hacen un promedio de 3,2 años de duración.
La iniciativa tiene como eje central una controvertida modificación en la estructura de funcionamiento del fuero. Básicamente, apunta convertir los actuales Tribunales integrados por tres jueces en juzgados unipersonales y crea las Cámaras de Laborales para la segunda instancia especifica del fuero.
Además, se amplió el plazo de implementación respecto del proyecto original: según el texto la reforma entrará en vigencia a partir de 2020, y su implementación, por etapas, demandará cinco años, con posibilidad de ser extendido ese límite.
La Suprema Corte bonaerense, organismo que estimó en $ 1.000 millones anuales el costo de la reforma y la necesidad de incorporar unos mil nuevos agentes, ya admitió sobre las limitaciones presupuestaria que estaría atravesando.
Además, también hay que tener en cuenta que la reciente conformación de la comisión de Mapa Judicial, resulta un organismo que ingresará en la discusión sobre los nuevos organismo a crear y dónde se establecerán.
