Fue durante un plenario de comisiones del Senado donde se inició el debate sobre los proyectos de financiamiento. Legisladores trabajan en un borrador consensuado.
Los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y representantes de diversas instituciones abrieron este miércoles el debate sobre la reforma del régimen de financiamiento de los partidos políticos, y coincidieron en la necesidad de que las personas jurídicas (empresas y sindicatos) puedan aportar a las campañas electorales.
El tema se reactivó a partir de conversaciones entre el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, que dieron lugar a la elaboración de un borrador consensuado.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda recibieron a los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, y especialistas de la Fundación RAP (Red de Acción Política), el CIPPEC, Transparencia Internacional y Poder Ciudadano.
A partir de estas opiniones, Cambiemos y el peronismo avanzarán en ajustar la redacción durante los próximos días, y la intención es emitir dictamen dentro de dos semanas para que haya media sanción del Senado antes de que finalice el período ordinario, según supo parlamentario.com.
Dalla Via aseguró que la CNE está “de acuerdo” con que las personas jurídicas -empresas privadas y sindicatos- puedan aportar a las campañas electorales, algo que en la legislación actual está vedado y que el Gobierno quiere revertir -con un tope-.
El camarista aclaró que la Constitución Nacional “da margen para un financiamiento mixto, público y privado”, por lo que insistió en avanzar con esta reforma.
Por otra parte, pidió “que los plazos de utilización de la publicidad de campaña sean más rígidos”, ya que “Argentina tiene plazos muy cortos para limitar la publicidad oficial”, que “no evitan el efecto denominado ‘cancha inclinada’”.
Dalla Via además planteó una “inquietud” con respecto al proyecto de Pichetto “en cuanto a la trazabilidad de los aportes a partir de la AFIP”, al considerar que “esto va a andar mejor si le damos autonomía al derecho electoral”.
“Tenemos que defender la competencia electoral. La trazabilidad debe hacerse desde los registros de la CNE, y si se detecta alguna irregularidad no habría inconveniente en efectuar la denuncia en el Juzgado Penal”, dijo, y señaló que “cuando las causas electorales van al fuero penal terminan en grandes escándalos pero no en la cuestión técnica”.
En otro orden, destacó el aumento del cuerpo de peritos auditores de 7 a 25, contemplado en el proyecto del senador Ángel Rozas (UCR).
En cuanto a las sanciones, opinó que éstas “tienen que estar más vinculadas al candidato que al partido”, y precisó que desde la implementación del sistema actual se aplicaron 5.366 multas, 4.548 suspensiones de aportes y 4.861 pérdidas de aportes para la campaña siguiente, lo que configura la mayor sanción para un partido.
Por último, el juez de la CNE consideró que “deberían discutirse estándares a nivel nacional”, al indicar que el hecho de que muchas provincias no tengan leyes de financiamiento de los partidos “es un grave problema”.
Otras opiniones
En el plenario de comisiones también se presentó Alan Clutterbuck, de la Fundación RAP, quien remarcó que el sistema debe “promover condiciones de equidad en la competencia electoral” para evitar “favoritismos en favor del oficialismo de turno”.
En ese marco, llamó a regular la publicidad oficial; prohibir los aportes en efectivo y bancarizarlos; y a su vez “generar mecanismos en línea que permitan monitorear los aportes en forma simultánea”.
También coincidió en que hay que “aceptar los aportes de personas jurídicas, que se hacen de hecho y no terminan registrados”.
Otras de las propuestas de Clutterbuck fueron el nombramiento de fiscales electorales en las 24 provincias, y la creación de registros de proveedores para fiscalizar los gastos de campaña.
Sobre las sanciones, reclamó que sean diferentes de acuerdo al tipo de irregularidades cometidas, y sugirió a su vez “generar algún esquema por el cual los candidatos tengan algún tipo de responsabilidad”.
Por el CIPPEC, Julia Pomares también pidió “que se puedan bancarizar las donaciones” ya que “en Argentina casi todo es en negro, en efectivo” y además “no solo son aportes en efectivo, sino que generalmente ninguna alianza llega a rendir gastos que lleguen al tope”.
Al igual que Dalla Via, Pomares se refirió a la “enorme asimetría entre la legislación nacional y provincial”.
Otra de las expositoras fue Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, quien de entrada advirtió que en este tema, la dificultad es que los legisladores deben regularse a sí mismos en tanto integrantes de partidos políticos.
“Si no están dispuestos a cumplir las normas, no generen expectativas de que esta vez sí se va a cambiar el sistema de financiamiento de la política”, sentenció.
La especialista destacó el aumento del número de peritos auditores y la promoción del contacto con la UIF (Unidad de Información Financiera), el Banco Central y la Oficina Anticorrupción para el intercambio de datos.
Ferreira Rubio acordó con Dalla Via en que “el registro de trazabilidad de aportes no puede estar en AFIP”, y en cuanto a la bancarización dijo que “ayuda, pero no es la solución a todo el problema de transparencia en el financiamiento”.
Al profundizar en ese punto, observó que “hoy tenemos criptomonedas” que “ni el Banco Central está en condiciones” de detectar, y que se trata de “un fenómeno que utiliza el crimen organizado para mover sus fondos”, donde “cambian el dinero a fuerza de un clic”.
En tanto, opinó que sería positivo “ir a un registro online de aportes en tiempo real”, y por otro lado sostuvo lisa y llanamente que “prohibir el aporte a las personas jurídicas es ridículo, es un incentivo para que todos los aportes pasen por debajo de la mesa”.
Sin embargo, rechazó la propuesta de determinación de los límites de aportes de empresas contemplada en el borrador.
“Lo que hacen es poner un límite en una redacción bastante confusa, en un porcentaje sobre el gasto autorizado más el porcentaje de la ganancia neta de cada aportante, pero ¿quién va a acceder a la ganancia neta de cada una de las empresas que figuren en la lista?”, planteó, por lo que sugirió que simplemente se ponga como tope el gasto autorizado.
En la Cámara alta hay cinco proyectos en danza que promueven modificaciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales 26.215: uno de Pichetto; otro del jefe del bloque radical Ángel Rozas; otro de la senadora Inés Brizuela y Doria, del mismo espacio; y otros dos de las monobloquistas Magdalena Odarda y Cristina Fiore.
