Legisladores cuyanos anticiparon que acompañarán como querellantes en la denuncia del diputado José Luis Ramón por la violación del ordenamiento en la distribución de dividendos por parte de la empresa.
Diputados de las provincias cuyanas acompañarán como querellantes la denuncia contra accionistas de Ecogas realizada por el legislador José Luis Ramón el pasado 29 de agosto. Advierten “maniobras corruptas” por parte de la empresa.
Con el objetivo de ampliar la documentación que acredita la gravedad de los hechos denunciados y solucionar los daños generados a los ciudadanos de las provincias implicadas, los funcionarios comprometidos en la causa son: José Luis Gioja, Sandra Daniela Castro, por San Juan; y Andrés Alberto Vallone, Karim Augusto Alume Sbodio, Victoria Rosso e Ivana Bianchi por la provincia de San Luis.
El expresidente de la asociación Protectora y diputado nacional José Luis Ramón realizó el pasado 29 de agosto una denuncia penal contra los directivos de Ecogas, en el Juzgado Federal N°8 de la ciudad de Buenos Aires.
En la misma, Ramón advirtió la violación del ordenamiento normativo vigente en cuanto a la distribución de dividendos, sin previa autorización del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) sobre el cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias. La distribución ilícita de dividendos en mayo de este año fue por 617 millones -equivalente a más de 1/3 del plan de obras para los próximos 5 años-, y sin haber ejecutado las obras comprometidas.
Pero no obstante esta situación, el legislador advirtió que la empresa distribuidora de gas cuyana, también decidió llevar a delante la acción de “estimar” el consumo de gas en los domicilios, en lugar de realizar la medición correspondiente. “Lo polémico y transversal del asunto es que en 4 periodos del año se estimó la medición en más de 51.000 casos en sólo 3 provincias”, manifestó.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza citó a Daniel Rivadulla, director de operaciones y finanzas de Ecogas el día 21 de agosto, para que dé explicaciones sobre el exagerado número de casos estimados que perjudican a los usuarios.
En la presentación, Rivadulla afirmó que las estimaciones en la provincia no superaban las 2000 facturas y que “del total de los consumos que hemos informado, la facturación estimada representa el 1,1%. Son situaciones muy puntuales y se dan conforme a lo que permite el reglamento, que es en los casos en donde los medidores no están accesibles”.
Sin embargo, estas expresiones fueron refutadas por la información brindada a la Cámara de Diputados de la Nación por el jefe de Gabinete de Ministros en su presentación del día 3 de octubre de 2018 y en conjunto con un proceso de auditorías que evidenciaron el comportamiento incorrecto en cuanto a las estimaciones en los consumos, y por ende en su facturación.
La información oficial, determinó la utilización abusiva de esa herramienta que se permite, de acuerdo al reglamento de Servicio de Distribución, sólo como última opción y en casos de no poder acceder a realizar la lectura correspondiente.
La información brindada por el jefe de Gabinete, así como lo constatado en el expediente del Energas, en donde se imputó a la empresa por estos incumplimientos, contradijo lo expuesto por el representante de la empresa y demostró el enriquecimiento ilícito a costa del bolsillo de los consumidores.
La denuncia se enmarca en la necesidad de “dar cuenta de las maniobras mal habidas con la intención clara de obtener mayores ganancias por parte de la empresa, teniendo en cuenta que las prácticas implican una suma desmedida en la facturación a favor de quien incurre en la misma y que dicha suma fue distribuida como ganancia del ejercicio entre los accionistas”.
