Referentes del sector se manifestaron en contra de la alícuota del 6% para entidades financieras y de seguros. El radicalismo tiene un proyecto para reducirla y evitar cambios en el texto de la ley de leyes.
Antes de la exposición del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la Comisión de Presupuesto del Senado recibió a representantes de cooperativas y mutuales, quienes rechazaron el gravamen previsto en el proyecto de la ley de leyes.
La iniciativa con media sanción de Diputados establece una contribución especial sobre el capital de entidades que desarrollen actividades de ahorro, crédito y financiera, de seguros y reaseguros.
Según el texto, este gravamen regirá por cuatro años a partir de 2019, y el capital alcanzado “surgirá de la diferencia entre el activo y el pasivo tanto del país como del exterior al cierre de cada período fiscal” por un importe total de hasta 50 millones de pesos.
La contribución especial surgirá de aplicar la tasa del 4% sobre la base imponible, y cuando ésta supere los 100 millones de pesos, la alícuota será del 6%.
Sin embargo, la UCR propone un proyecto de ley “correctivo” -para no introducir cambios en el Presupuesto y que pueda ser sancionado en el Senado-, y que estipula una reducción del tributo.
Ariel Guarco, de la Alianza Cooperativa Internacional, señaló que “los artículos 23 y 24 del Presupuesto del año pasado y el artículo 85 de este Presupuesto, y el 126 que lo corrige, no están respetando nuestra naturaleza jurídica, no están atendiendo las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de promoción del cooperativismo-mutualismo y de generar entornos favorables para el desarrollo de nuestras empresas”.
Por su parte, Alejandro Simón, de ADIRA (Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina) sostuvo: “La inversión social, la generación de puestos de trabajo y la continuidad de muchas empresas cooperativas y mutuales del sector asegurador se encuentran hoy en peligro”. En ese sentido, dijo que este artículo “establece un impuesto que es a todas luces confiscatorio, distorsivo e inconstitucional”.
Por CONINAGRO, Carlos Ianizzotto dijo que “si bien no estamos directamente implicados en esta norma, consideramos que el tratamiento impositivo que tiene el Presupuesto es totalmente contraproducente para lo que busca el país, para los que buscamos la construcción de mayor producción, mayor trabajo y mayor empleo”.
En tanto, Alejandro Russo, de CAM (Confederación Argentina de Mutualidades), consideró que “las alícuotas establecidas hacen netamente confiscatorio este proyecto”. “Se está castigando plenamente a estas entidades mutuales y cooperativas con mayor patrimonio, que su único pecado fue fortalecer su activo para darle más seguridad a sus asociados”. Y pidió que esto sea revisado porque si no “el daño que se va a generar va a ser irreparable”.
