A un año de que la Legislatura aprobara la prorroga con Metrovías, el legislador del GEN Sergio Abrevaya impulsó un proyecto de ley, a través del cual buscará que el Gobierno porteño le entrega la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad a la Empresa Autopistas Urbanas (AUSA), quien deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de dicho servicio.

Es así que AUSA tendría a su cargo el desarrollo y la administración del sistema de infraestructura del subte, así como también la gestión de los sistemas de control de la operación del servicio y la explotación de los negocios colaterales. Además la normativa establece que “la retribución del concesionario por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon por coche/kilómetro comercial recorrido”.

Por otra parte, la iniciativa prevé que el nuevo concesionario absorba a el personal que ya se encuentra prestando servicio en el subte, los cuáles conservarán y mantendrán en su totalidad el mismo régimen laboral, derechos laborales y previsionales, como así también su remuneración, categoría laboral y antigüedad computada. Sin embargo, AUSA podrá optar por no absorber el nivel gerencial.

En los fundamentos de la medida, Abrevaya consideró que “AUSA es un modelo jurídico, de gestión eficiente, con carácter privado y de propiedad del Estado” y resaltó que “se ha construido en el tiempo una cultura organizacional, de índole técnico que le ha permitido gestionar en materia vial, así como cumplir las mandas del Poder Ejecutivo, en cuestiones de movilidad y accesibilidad”.

“Estas dos condiciones, la sitúan a AUSA, en condiciones inmejorables de gestionar el Servicio de Subtes, respaldando a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE)”, remarcó y recordó que “en noviembre de 2017 la Legislatura de la Ciudad debió votar la prórroga de la concesión a la Empresa Metrovías, hasta tanto se llevara a cabo la licitación Internacional respectiva, para asignar a nuevos operadores la operación de la red de subterráneos”.

En ese sentido, el legislador advirtió que “es probable que esta situación se vuelva a producir; por impugnaciones entre los oferentes preseleccionados, y las implicancias que devienen de las causas judiciales que imputan y procesan a empresarios ligados a la empresa operadora actual” y concluyó que “si los oferentes enunciados de manera extraoficial hasta el momento, son empresas estatales de origen internacional asociados a grupos argentinos, resulta razonable que una Empresa Estatal y propia del patrimonio de la Ciudad, pueda ser operadora de la red de subterráneos”.