Con la presencia de invitados, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado avanzaron este miércoles con el dictamen sobre una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que podría aprobarse en el recinto antes de fin de año.

“Nosotros vamos a presentar un dictamen en minoría”, expresó por su parte la senadora Magdalena Odarda, quien durante el debate habló en contra de que las empresas puedan aportar y dijo que eso generaría “desigualdad entre los partidos”, ya que por ejemplo “partidos más chicos no van a recibir los aportes que grandes empresas con intereses invierten en otros”. Luego insistió: “No podemos avalar el financiamiento empresario de las campañas electorales”.

Entre los expositores que participaron del plenario, desarrollado en el Salón de las Provincias, estuvo el fiscal federal Jorge Di Lello, quien destacó que “la militancia, la actividad y la campaña política indeclinablemente se van encareciendo y se van a ir encareciendo más”.

Además, opinó que el financiamiento debe ser “público” y que “hay que habilitar a las personas jurídicas -empresas, cooperativas, mutuales y también sindicatos-” ya que “no hay aportes desinteresados”.

El fiscal señaló la importancia de “tomar un coeficiente fácil para los aportes de campaña” y de que “haya una autoridad partidaria responsable o que se contrate a un contador”. También propuso ampliar la cantidad de auditores, en lo relacionado al control, y establecer “plazos de preclusión” para la rendición de cuentas.

“Controlar los fondos es un hecho técnico, no político. La decisión política es hacerse el salame si entra plata por izquierda y no registrarla”, agregó.

Dieron su visión también el coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos, Nicolás Tereschuk; la directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), Silvana Yazbek, y el responsable de Integridad en el Financiamiento de la misma institución, Diego Gamba.