En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura porteña sancionó con 37 votos positivos, 11 negativos y 9 abstenciones un proyecto de ley que modifica varios artículos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, el Régimen de Faltas y el Código de Habilitaciones y Verificaciones, con el objetivo de frenar el avance de Uber en la Ciudad, mediante el incremento en las multas para aquellos choferes que transporten pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), y contó con el acompañamiento de VJ, GEN y BP; el rechazo de PTS, MC, Ev, AyL y PO; y la abstención de UC y PS. Es así que los choferes que no cuenten con la habilitación requerida, tendrán que abonara una multa de 10 mil unidades fijas y además se le quitarán 10 puntos del scoring; también se podrá retener la licencia de conducir por un periodo de entre 7 y 30 días.

Otro de los cambios que propicia la normativa es quitarle la habilitación a los micros escolares que no tuvieran habilitación para el transporte que están realizando -como es el caso de los micros cuando trasladan manifestantes o piqueteros-. Además, la normativa establece que los conductores podrían quedar inhabilitados hasta por cinco años y se les podrá quitar la licencia de conducir en el momento.

Entre otros puntos, la medida impulsada por el oficialismo prevé retirarle preventivamente la licencia -sin intervención judicial- a los taxistas que agredan a pasajeros; aumentos en las multas y la retención de la moto a los motociclistas que lleven menores o acompañantes alcoholizados; mientras que a los conductores de transportes habilitados que corran picadas, pasen barreras bajas o tenga el registro adulterado serán multados y se les quitarán puntos en el scoring.

El debate en el recinto

Al inicio del debate, García remarcó que “hemos escuchado a las distintas voces que se encuentran involucradas en ese proyecto” y señaló que “a través de este proyecto buscamos reducir en un 30% los siniestros en la Ciudad, queremos trabajar sobre los controles, el compromiso ciudadano y la seguridad vial”.

“Queremos facilitar los controles, agravar algunas penas y esto va a hacer que haya más seguridad vial; se podrá retener la licencia de conducir cuando el chofer traslade pasajeros sin la habilitación correspondiente, si transporta algo para lo que no fue habilitado o si excede la velocidad”, aseguró y precisó que “queremos ser ejemplares con este tipo de sanciones ya que lo que queremos es evitar que ocurran estas situaciones”.

A su turno, el presidente del bloque Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, recordó que “desde la visita del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, quien vino con una comitiva de empresarios entre los que se encontraba el dueño de Uber, esa empresa se está expandiendo en nuestra sociedad como una mancha venenosa” y aseguró que “nosotros vamos a estar siempre del lado de los trabajadores que reclaman por sus derechos, pero para combatir la precarización laboral, tenemos que ir contra esas empresas”.

“Esto no se arregla cortando el hilo por lo más delgado, hay que ir contra las empresas que evaden impuestos y precarizan a los trabajadores”, advirtió y concluyó que “si están en contra de Uber, como nosotros, prohíbanlos o siéntense a negociar, para regularizarlo y evitar que se precarice a los trabajadores; este proyecto es una trampa política”.

Por su parte los legisladores Fernando Vilardo y Marta Martínez (AyL) manifestaron que “la es que Uber en esta ley no aparece y ese es el gran problema” ya que “solo se plantean sanciones a trabajadores precarizados, que empujados por la necesidad desesperante que provocan las medidas económicas que lleva adelante el gobierno de la mano del FMI, y que la oposición en su mayoría avala en el Congreso, salen a juntar unos pesos manejando un coche porque no llegan a fin de mes o porque fueron echados y usan la indemnización con este objetivo, y así proveen de millonarias ganancias a una aplicación multinacional como Uber, que no recibe ningún castigo y opera sin problemas ilegalmente en el país, al punto tal de que hace publicidad en televisión sin ningún límite”.

“Rechazamos este rol punitivo del Estado para enfrentar a los choferes de Uber con los choferes taxistas, laburantes que también sufren las consecuencias de una política económica decadente del gobierno de Macri y Larreta”, sentenciaron.

En esa misma línea, el diputado de PTS Patrio Del Corro remarcó que “están lanzando una campaña en contra de la protesta, en un marco social que está tendiendo que cada vez a haber en mayor cantidad” y aseveró que “nadie se puede creer que necesiten sacar una ley para multas a quienes anden a contramano por la vereda, estamos en el 2018, lo están haciendo para tapar sus verdaderas intenciones”.

“El dueño de Uber no necesita llevar ningún plato de comida a su casa, está colmado de dinero como todos los accionistas y así se salta de toda legalidad”, agregó y sentenció que “acá lo que prima son los trabajadores, que necesitan llevar un plato de comida a su casa; los despedidos están buscando una solución y por eso salen a trabajar con el auto”.

El trotskista Gabriel Solano (PO) afirmó que “no apoyamos a Uber porque precariza a los trabajadores, pero de ningún modo votaremos una ley que sanciona a los choferes que frente a una creciente desocupación se ganan la vida manejando” y resaltó que “es falso que la sanción a los choferes de Uber sea una medida que apunta a la seguridad vial”

“ Los trabajadores que alquilan un taxi tienen jornadas de trabajo de 12 horas o más para pagar el alquiler y llevarse un peso a su casa; lo mismo vale para los choferes de colectivos que soportan jornadas que exceden las 6 horas que deberían establecerse por insalubridad”, remarcó y concluyó que “el Frente de Izquierda apoya a todos los trabajadores, sean taxistas, remiseros o de Uber, por eso jamás acompañaremos medidas que apunten a una sanción a alguno de ellos por el sólo hecho de trabajar”.

En ese mismo sentido, el socialista Hernán Arce (PS) remarcó que “todos estamos de acuerdo que el Estado es quien tiene que controlar el sistema de transporte público de la Ciudad”, pero consideró que el “es insuficiente este proyecto” ya que no cumple con tres ejes que mencionó: “garantizar la seguridad de los usuarios, esto se hace mediante el control; siempre se debe proteger el empleo de los trabajadores; y que aquellas empresas que llevan adelante esa actividad deben pagar todos los impuesto y tener a los trabajadores de acuerdo a lo que marca la ley”.

“Están buscando regular la protesta social, están desvirtuando todo el trabajo que se hizo en torno a esta ley”, argumento.

La peronista Silvia Gottero (BP) subrayó que “creemos en el ordenamiento del tránsito, creemos que se está haciendo lo imposible para lograrlo” y argumentó que “esta ley de transito tendría que estar más centralizada, son todos parches”.

A su turno, el legislador de Evolución y autor de una iniciativa que busca regular el uso de aplicaciones como Uber, Marcelo Guouman, consideró que “acá lo que se está planteando la prohibición de una modalidad de transporte que, nosotros entendemos, fue elegida por una gran parte de la población” e insistió en que “cuando la sociedad opta y elige algo, que no es ilícito, lo hace en base a sus libertades personales; nosotros tenemos que legislar para igualar las condiciones. Prohibir no es el camino y convertir lo legal en ilegal, tampoco”.

“Este proyecto castiga a los ciudadanos y limita la experiencia de moverse por la Ciudad”, denunció y se preguntó “¿por qué modificar una norma para convertir en delincuentes a quienes no lo son?”.