Las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunirán este martes a las 14 para debatir la ley de juicio por jurados, y desde Cambiemos esperan poder firmar dictamen favorable, luego de que el tratamiento fracasara la semana pasada por falta de quórum.

El borrador de dictamen propone un procedimiento especial para el juzgamiento de delitos con penas en expectativa mayores a ocho años y delitos de corrupción, a través de la conformación de jurados con 12 miembros surgidos de la sociedad civil, sobre quienes recaerá la decisión de determinar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.

“Es un mandato de la Constitución Nacional de 1853 que obliga al Congreso Nacional a dictar una ley que instaure el juicio por jurados en nuestro país. Tenemos una oportunidad como legisladores de saldar esta deuda histórica y continuar un proceso de mejora de los estándares de la administración de Justicia”, expresó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR).

La jujeña explicó que “el texto propuesto, que abarca más de diez iniciativas presentadas por la mayoría de los bloques políticos, fue trabajado en conjunto con asociaciones civiles expertas en el tema y recoge aportes y observaciones expresadas por los diputados durante estos dos años de trabajo en comisiones”.

Burgos destacó que la implementación del juicio por jurados en todo el país “otorgará mayor participación ciudadana y transparencia al Poder Judicial en el juzgamiento de los delitos penales más graves, al mismo tiempo que significa una garantía del ciudadano el poder ser juzgado por sus pares”.

“Estamos en el momento indicado para su impulso, dado que no solo todos los sectores políticos cuentan con propuestas parlamentarias propias, sino que también por primera vez se cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado”, resaltó, al mencionar el acompañamiento del ministro de Justicia, Germán Garavano, y del ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti.

El juicio por jurados ya se implementa en provincia de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, mientras que Chaco, Río Negro, Mendoza y Chubut cuentan con ley propia; en Santa Fe el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados; y en el caso de La Pampa, Jujuy, Salta y la Capital Federal se inició el tratamiento.