Fracasó por segunda semana consecutiva la firma del dictamen del proyecto de ley que busca que el sistema de juicio por jurados se implemente en todo el país. Actualmente este mecanismo funciona en seis provincias, que cuentan con una ley local.

Aunque este martes hubo más diputados presentes en el plenario de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto -a comparación del miércoles pasado-, el despacho no pudo avanzar por las diferencias sobre el texto que se plantean desde el propio seno de Cambiemos.

Un grupo de legisladores del oficialismo presentó objeciones a la redacción consensuada, que desde hace meses se viene trabajando en reuniones informativas y de asesores. Incluso, esa iniciativa engloba puntos de todas las propuestas que se habían elaborado sobre el tema.

La impulsora del proyecto, la radical Gabriela Burgos -presidenta de Legislación Penal- reconoció que se trata de “decisiones políticas” ir para adelante o no con esta ley, y aceptó pasar la reunión a un cuarto intermedio para el próximo martes, última día para la firma de dictámenes. También pidió que se le acerquen todas las sugerencias.

Pese a contar con la venia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, hay cuestionamientos dentro de Cambiemos. Uno de los más fuertes es la cuestión de la unanimidad, ya que hay diputados que plantean que la culpabilidad o no culpabilidad del acusado se defina por mayoría y no por la decisión igualitaria de los 12 miembros del jurado.

A instancias de la Coalición Cívica ya se habían incluido los delitos de corrupción, pese a que algunos tienen una pena menor a los ocho años, pero hay voces que reconocen que ese punto también “generó ruidos” para el trámite del proyecto.