Luego de la aprobación del presupuesto Cámara de Senadores se plantean varios interrogantes sobre el posible escenario contractivo del año próximo y las posibilidades con que contaría el sector público en relación a ejecutar la política económica. En concreto y dependiendo el contexto que se desarrolle, los elementos serían escasos -no solo en cantidad, sino en intensidad- para gestionar el cumplimento de los objetivos establecidos.

Las proyecciones de una tasa de inflación interanual del orden del 23% (diciembre 2018-diciembre 2019), en términos acumulados del año de 34,8%, y una caída anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,5% anual, se han establecido en un escenario de preocupación para el 2019 dado que la meta de déficit primario cero -es decir, ingresos menos gastos en las arcas de la nación- es uno de los objetivos fundamentales del gobierno actual. La caída del PIB será acompañada por una disminución proyectada del 1,6% del consumo privado. En suma, es esperable un año netamente recesivo que puede configurar una mayor caída a la estimada.

Se proyecta alcanzar déficit cero mediante el recorte de alrededor de $ 300.000 millones en las erogaciones totales las cuales serán $ 200.000 de Nación y $ 100.000 de las provincias. Sobre este objetivo, se determina que el gasto nacional será del orden de $ 4,1 billones, un aumento nominal del 27,4% respecto a 2018.

Desde esas erogaciones, se destaca un aumento interanual de los servicios de deuda. En concreto, si el nivel de deuda sobre PIB se estima en 87% ($ 315.698 millones), las erogaciones por intereses serán de $ 596.000 millones.

Si bien se establece que más del 70% de los recursos serán erogaciones de jubilaciones, salud y planes sociales junto a un aumento del 34,2% para el ministerio de Desarrollo Social y del orden de 38,9% en la recaudación tributaria; ex post dependerá del desarrollo de la dinámica de precios y de la actividad económica que esos montos se materialicen realmente como un aspecto positivo de la ley. Es posible que si la dinámica inflacionaria siga en el corredor ascendente y la macro continúe en el sendero contractivo, estos recursos no sean suficientes para contrarrestar los efectos, esencialmente sobre los sectores de ingresos más bajos. El efecto real que se genera ante el ajuste sobre las variables nominales por la inflación es muy costoso sobre esos sectores.

Se estimada recaudar un excedente de $4.829 millones de pesos. Este aspecto también tiene matices similares a las asignaciones de recursos previstas. En un contexto de descoordinación de las variables nominales de la economía tales como precios, salarios y tasa de interés, el mencionado excedente puede verse deteriorado por el ajuste inflacionario. La idea del profesor Guillermo Olivera sobre los desfasajes de tasas de inflación y el poder de compra de la recaudación tributaria, nuevamente presente en la economía argentina.

El tipo de cambio nominal se proyecta en $40,10. Este objetivo es contexto internacional e interno dependiente, es decir, aspecto de cierta incertidumbre. El nuevo régimen de política monetaria parece haber logrado la estabilización en el mercado cambiario. Si bien es un aspecto que puede generar un mayor espacio para el cumplimiento del nivel proyectado, los eventos externos son independientes de la política económica interna con lo cual, ante un shock negativo y la consecuente salida de capitales de Julio-Agosto de este año, el nivel supuesto del tipo de cambio puede tornarse incierto.

El poder de fuego -el nivel de reservas internacionales- de la autoridad monetaria se torna muy finito ante la volatilidad cambiaria de los meses precedentes.