En los tres recesos legislativos de la era Cambiemos, el Ejecutivo las convocó, aunque solo una vez estuvo realmente decidido a hacerlo, pero la experiencia no resultó como esperaba.
Por José Angel Di Mauro
En sus tres años de mandato, Cambiemos siempre convocó a sesiones extraordinarias, aunque al menos en dos de ellas podría decirse que lo hizo contra su voluntad. En general, nunca tuvo este Gobierno especial interés en mantener la actividad legislativa durante el receso, y la única vez que modificó esa tendencia le dejó un recuerdo más que amargo. No la pasó bien.
Esta referencia viene a cuento de la confirmación de que llamará a sesiones extraordinarias para este receso parlamentario. Si bien todavía la medida no ha sido oficializada, fuentes del Gobierno la confirmaron el viernes -al cabo de otra semana complicada en la interna enrarecida de Cambiemos-, de modo tal de apagar las especulaciones en torno a cuándo finalmente se atenderían los cabos sueltos dejados en el cierre de un año legislativo deshilachado.
En efecto, quedaron cuestiones importantes sin resolver, como el proyecto de Bienes Personales, que vuelve del Senado con modificaciones de la oposición consensuadas con el Gobierno, y hasta la ley de financiamiento de los partidos políticos, que el presidente anunció oportunamente, pero cuyo proyecto se había empantanado. Finalmente se avanzó en el Senado con una iniciativa en el mismo sentido que el Ejecutivo desearía modificar, pero el proyecto que sea deberá atravesar ambas cámaras. Y urge hacerlo de cara al inicio de una campaña que en la Argentina post-cuadernos se presume complicada para que los partidos consigan financiamiento.
El presidente podría zanjar la situación con un decreto, y el tema se maneja en los más altos niveles, pero todavía la decisión no ha sido tomada. Esa es una vía a la que es afín esta administración en minoría en ambas cámaras, y tal fue el mínimo nivel de actividad parlamentaria en este segundo semestre que el Ejecutivo tuvo que proceder con un decreto para fijar el viernes 30 feriado nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la realización de la Cumbre del G20.
Deliberadamente el Gobierno tenía resuelto planchar al Congreso para este segundo semestre, en el que la única cuestión que le importaba era el Presupuesto. Aprobada la ley de leyes en ambas cámaras, no había nada que despertara el interés oficial por abrir los recintos, que este año estuvieron inactivos como pocas veces en años pares -que no son electorales-. Por eso se pensaba en una última sesión en Diputados con un temario limitado de proyectos, más allá de que desde el propio oficialismo salieron a reclamar el tratamiento de temas que esperaban coronar al menos con la media sanción después de mucho trabajo en comisión.
Se dio así a lo largo de la semana pasada un intenso debate en el seno de Cambiemos entre los que bregaban por una sesión que incluyera todos esos temas pendientes y los que hablaban de una “sesión corta”. Cabezas visibles de este último bando eran Emilio Monzó y Mario Negri, nada menos. Es que esas autoridades del oficialismo temían que la oposición aprovechara la situación para incomodar al Gobierno. Fundamentalmente existía el temor de que se intentara avanzar con la anulación del decreto que eliminó el Fondo Sojero, medida a dudas penas frenada en el Senado.
En el ínterin de esas discusiones se filtró la movida opositora que permitió birlarle al oficialismo un lugar en el Consejo de la Mayoría, y estalló por los aires la frágil armonía en el seno oficialista. Las partes tratarán de enderezar la relación este martes, en el marco de la cena prevista para poner paños fríos, luego de que los ánimos se caldearan al punto tal de hacer caer las sesiones en ambas cámaras previstas para la semana que pasó.
Si bien se hablaba de la posibilidad de sesionar en Diputados el martes, o el miércoles, desatendiendo la recomendación oficial de no tener actividad en el Congreso en vísperas del G20, en definitiva todo se dejó de lado: los diputados y senadores del interior ni piensan viajar a Buenos Aires esta semana tan complicada en materia de transporte aéreo, que se inicia con un paro de Aerolíneas.
Se especulaba entonces con la posibilidad de que el Ejecutivo extendiera las sesiones ordinarias. La última vez que esto sucedió fue con Cristina Fernández de Kirchner, que el 9 de noviembre de 2015 firmó un decreto prorrogando el período de sesiones ordinarias del Congreso hasta el 9 de diciembre, un día antes de dejar el cargo. Los jefes de Estado tienen atribución para tomar esa medida, pero a diferencia de las sesiones extraordinarias, cuando se procede a una prórroga son los propios legisladores los que deben fijar el temario.
En esa oportunidad, el kirchnerismo buscó en esos nueve días extras tratar una batería de proyectos de su interés, contra la voluntad del entonces presidente electo Mauricio Macri. Pero finalmente la estrategia del Frente para la Victoria no funcionó. Si bien alcanzó a sesionar el 26 de noviembre para tratar nada menos que 90 proyectos, la sesión del Senado donde debían convertir en ley esas medias sanciones fracasó por falta de quórum el 9 de diciembre de 2015.
Finalmente el Gobierno macrista optó por llamar a extraordinarias; como se ve, una medida que no tenía prevista inicialmente pero que a la postre le resulta más conveniente, pues acota el temario a lo que el Ejecutivo proponga. Se evita así “sorpresas” que podrían darse y que teme a partir de que la impensada mayoría logró reunir la oposición para el Consejo de la Magistratura.
Las experiencias anteriores
Como dijimos, el Gobierno de Cambiemos siempre fue remiso a una profusa actividad legislativa. Un pensamiento atendible, conforme la adversidad numérica que tiene en ambas cámaras. En esas circunstancias, menos le interesa llamar a sesiones extraordinarias. Le pasó ni bien llegó Mauricio Macri al poder, que prefirió manejarse con DNU, hasta tanto tuviera certeza de los números que podría manejar en los recintos.
Pero el polémico decreto a través del cual nombró “en comisión” a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para completar la Corte Suprema de Justicia alteró el supuesto status quo y dio pie a la oposición a protestar prematuramente por una supuesta paralización del Congreso. Sin ir más lejos, en los primeros días de enero de 2016, el kirchnerismo llamó a concentrarse frente al Palacio del Congreso para hacer un abrazo simbólico en rechazo a los DNU de Macri sobre esas designaciones en la Corte, la remoción de directores en la AFSCA y la modificación de la Ley de Medios. Por esos días, el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni sugería que los legisladores de la oposición no podían permanecer “callados” ante un Gobierno que calificaba de “virreinato” y sugería que el Congreso se autoconvocara.
Finalmente el 5 de febrero el presidente Macri anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar los pliegos para cubrir esas vacantes en la Corte, ascensos militares y la designación de nuevos embajadores en países clave. La convocatoria fue del 11 de febrero hasta el 29, y se realizaron dos sesiones, pero solo en el Senado. El mismo 11 de febrero se dio ingreso a los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti y a los pliegos de candidatos a jueces, fiscales, defensores y embajadores. El 23 de febrero, el FpV garantizó la aprobación de los pliegos de embajadores en países clave, como Brasil, China, Estados Unidos, Uruguay y España.
Diferente fue el año siguiente, 2017, cuando toda la atención estuvo puesta en las elecciones de medio término. Y en una estrategia común a otras administraciones, aun el propio kirchnerismo, Cambiemos decidió esperar a la nueva conformación del Congreso para tratar una serie de iniciativas clave para esa administración, comenzando por el Presupuesto, que dejó entonces para que lo trataran los nuevos legisladores.
Ese temario para las extraordinarias a las que convocó en diciembre de 2017 era muy ambicioso, al punto tal de que incluía 17 temas, entre los cuales se destacaban, además del Presupuesto 2018, el paquete fiscal y las reformas previsional, tributaria y laboral. Esta última incluso a pesar de que la oposición había anticipado en el Senado que no quería tratarla.
Estaba también la Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación y hasta el Régimen Especial para la Donación de Alimentos. El temario, anunciado el 11 de diciembre, se amplió una semana después incorporando iniciativas como el Compre Argentino, un régimen especial contra el dopaje en el deporte y la creación de una comisión referida a la desaparición del submarino ARA San Juan.
Pero las cosas no fueron como esperaba el Gobierno después de haber ganado las elecciones como lo había hecho. En el Senado, habían aprobado sin incidentes la reforma previsional durante el período ordinario, como así también el Consenso Fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal. Pero en Diputados la cosa fue bien distinta.
El 14 de diciembre debió levantar la sesión en la que iba a tratar la reforma previsional en el marco de serios incidentes en el exterior del Congreso y dentro del propio recinto, donde varios legisladores de la oposición increparon al presidente de la Cámara cuando anunció la obtención del quórum. Esa sesión se logró finalmente llevar a cabo el 18 y 19 de diciembre, logrando aprobar el oficialismo las leyes que venían con media sanción del Senado, nuevamente con serios incidentes en el exterior del palacio legislativo. El 21 de diciembre se aprobó el Presupuesto 2018, que el Senado convirtió en ley entre las fiestas de fin de año, el 27 de diciembre.
Un día después -Día de los Inocentes-, el jefe de Gabinete Marcos Peña anticipaba que el Gobierno intentaría aprobar la reforma laboral en febrero. Fue en el marco de la recordada conferencia de prensa del 28 de diciembre en la que se anunció el cambio de las metas de inflación.
Varias veces se insistió con que el paquete de reformas y las iniciativas pendientes se tratarían en febrero, pero todo indicaba que no, y finalmente el 16 de enero, en otra conferencia de prensa, Marcos Peña confirmó que Mauricio Macri no convocaría a sesionar en el mes de febrero. “El presidente ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero y trabajar, a partir de su mensaje el 1° de marzo, en un calendario legislativo regular para, de esta forma, poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vía parlamentaria”, informó entonces el jefe de Gabinete.
Consultado por la negativa hacia el proyecto de reforma laboral por parte de Miguel Pichetto, quien comanda el bloque Justicialista en el Senado, el funcionario negó que hubiera habido habido “cortocircuitos” con el PJ.
Entre los temas que quedaron pendientes estaban la iniciativa de Compre Argentino, la de Financiamiento Productivo (mercado de capitales) y la nueva ley de Defensa de la Competencia, que finalmente fueron abordados. La reforma laboral fue seccionada en tres partes, pero nunca se llegó a tratar.
