Buscando combatir hechos de corrupción o situaciones confusas en el manejo los recursos de los que dispone el Ejecutivo de la Ciudad, el diputado del Bloque Peronista Santiago Roberto presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual busca crear una “Oficina Anticorrupción” en el distrito.

Dicha oficina funcionará como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, velando por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el organismo podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito ó irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.

A su vez, la medida dispone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora. Podrá ejercer el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.

La Oficina Anticorrupción está compuesta por: la Subsecretaría de Investigaciones -cuya función principal es llevar adelante las investigaciones de posibles irregularidades o hechos ilícito y colaborar en la recuperación de activos de la corrupción- y la Subsecretaría de Planificación de Políticas de Transparencia -responsable de identificar, analizar e investigar las causas que dan lugar a hechos de corrupción-.

En los fundamentos de la medida, Roberto manifestó que “la corrupción es un problema estructural, convive en la humanidad desde hace siglos y desde el Estado hay que combatirla en todos sus frentes; afecta y distorsiona transversalmente a la cuestión pública, como también a otras actividades” y aseguró que “es preocupante la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al devaluar a las instituciones y los valores democráticos, la ética y el trabajo por la justicia”.

“Es imperioso generar instituciones públicas que velen por el mejor cuidado de la administración, que contribuyan a cumplir con las reglas establecidas para la organización y el funcionamiento del Estado y a resguardar la ética pública. Que sostengan a la honestidad como valor elemental, el cumplimiento del estado de derecho, y la rendición de cuentas con transparencia”, concluyó.