Según el informe de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, el Parlamento argentino fue el que más avanzó en los últimos dos años. La evaluación incluye a once parlamentos de Latinoamérica.
El Congreso argentino registró un significativo avance en materia de transparencia. Así lo revela el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, en el que alcanzó un promedio del 46% en la medición porcentual de indicadores de transparencia: 7.5% más que en 2016.
El de nuestro país fue el que mayor avance registró entre los 11 parlamentos de Latinoamérica que se incluyen en esta suerte de ránking internacional. La medición es realizada cada dos años por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Fue presentada este martes en la Cámara de Diputados por la organización civil Directorio Legislativo.
Estos resultados revelan un claro aumento en las cuatro dimensiones que componen el índice: normatividad (+2.41%), presupuesto y gestión administrativa (+10.13%), participación ciudadana (+10.57%), y labor legislativa (+3.67%). Según el informe, el mayor rendimiento en materia de transparencia lo marcó, en general, la Cámara de Diputados.
“Estos resultados surgen del análisis de esos datos en ambas Cámaras y se realizan cada dos años”, explicó Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de Directorio Legislativo, una de las organizaciones no gubernamentales responsable de la medición.
Además, Alonso Murray destacó que “este informe muestra un evidente crecimiento de transparencia en estos dos años”, y enfatizó que “no hay otro país que haya crecido tanto en el mismo período”. Apuntó que “este trabajo tiene como finalidad alcanzar un mayor fortalecimiento del trabajo conjunto de ambas cámaras”.
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa es una plataforma de 28 organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven la participación y transparencia legislativa en 14 países de Latinoamérica.
La secretaria administrativa de la Cámara de Diputados, Florencia Romano, felicitó a los referentes de la sociedad civil por su trabajo y valoró los resultados: “Esto tiene que ver con la existencia de un plan de trabajo claro en pos de forjar la transparencia”.
En la presentación también se destacó, desde la Cámara de Diputados, la necesidad de poner énfasis en los aspectos cualitativos del trabajo legislativo y no en meros indicadores cuantitativos. “Muchas veces, una ley que no se aprueba no es reflejo de falta de trabajo sino de todo lo contrario. La labor de un parlamento no se puede medir con parámetros de producción en serie. Este año, por ejemplo, hubo en el Congreso argentino un gran trabajo en torno al proyecto de despenalización del aborto, con un enorme flujo de participación ciudadana y de debate abierto, y sin embargo eso no derivó en la aprobación de una ley”, se destacó en el encuentro en el que se analizaron aspectos del “ránking de transparencia”.
En materia de normatividad, se destacó como uno de los avances más significativos la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública a fines de 2016 y su posterior implementación en 2017. También se valoró la creación de una Oficina de Atención Ciudadana del Congreso y la existencia de normas que regulan la publicidad de los gastos del Congreso, así como la aplicación de la Ley de Ética Pública que obliga a los legisladores a presentar su declaración jurada de bienes personales.
En lo referido a participación, atención ciudadana y rendición de cuentas, el informe destaca el volumen de información publicada en las páginas web. Señala que “el avance de la información publicada fue notorio, existiendo una sección específica de ´transparencia´en la web de cada una de las Cámaras, en la que publica información sobre dietas y viajes de los legisladores, informes de gestión, estructura administrativa, nómina de personal y escalas salariales, entre otra”.
Destaca la publicación de la Cámara de Diputados en formatos abiertos. También valora la multiplicidad de canales de difusión y el uso de redes sociales para informar sobre las actividades del Congreso. Señala, como positivas, la existencia de las Oficinas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ambas cámaras, así como la de los canales de televisión de Diputados y del Senado.
En el área de gestión administrativa y presupuesto, destaca la publicación de las dietas de los legisladores y su correspondiente desagregación; la publicación de contrataciones públicas y la realización de auditorías internas y externas.
En materia de labor parlamentaria, se valora la publicación de las votaciones nominales; la transmisión en vivo de las sesiones a través de diversas plataformas y el portal de “votaciones abiertas” lanzado por Diputados.
El índice también propone ciertos desafíos para la institución legislativa entre los que se destacan el de generar mayor articulación y comunicación entre ambas Cámaras, así como el de proveer información en formatos abiertos. Entre asignaturas pendientes menciona la inexistencia de una ley de lobby que regule las actividades de cabildeo dentro del Congreso. También la falta de creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública exclusiva del Congreso Nacional y la no obligatoriedad de publicación de un informe de gestión de los legisladores. Señala también “la inexistencia de un órgano regulador para la ética parlamentaria”. Señalan como un déficit “la falta de publicación del registro de asistencia a las reuniones de comisión” y “la inexistencia de un documento que registre las asesorías externas que reciben los legisladores”.
Acompañaron la presentación de este informe el diputado Carlos Villalonga (Pro); los responsables de las oficinas de Acceso a la Información Pública del Senado y Diputados, Diego Lacu y Luciana Cañete; miembros de las ONG que forman parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, funcionarios, asesores y empleados de diversas áreas del Congreso.
